..Instituto
de Derecho Público Comparado
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PRESENTACIÓN
El Instituto
de Derecho Público Comparado es un Centro propio de la Universidad
Carlos III de Madrid, cuya creación fue aprobada por acuerdo de
la Junta de Gobierno de 25 de abril de 1997. Su objetivo es promover la
reflexión, a partir del análisis comparado, sobre las estructuras
jurídicas de otros países y del nuestro. Sus fines principales
son la creación y consolidación de equipos científicos,
la capacitación, promoción, asesoría y asistencia
técnica e investigación académica acerca de los problemas
derivados de las estructuras jurídico-públicas de los sistemas
normativos actuales
FINES Y
OBJETIVOS
La razón de ser del Instituto
se plasma en sus fines, que pueden ser presentados de la siguiente manera:
1º
La creación y consolidación de equipos científicos
multidisciplinares generadores de conocimientos comparativos adecuados
a la complejidad de la realidad socio-política e institucional pública
que manifiestan los sistemas jurídicos.
2º
La organización y sistematización del conocimiento disponible
para una mejor comprensión de los problemas derivados de las estructuras
jurídico-públicas de los sistemas normativos actuales.
3º
La difusión comprensible y sostenida de dichos conocimientos y la
formación especializada de postgraduados.
4º
El impulso en la comunicación e investigación entre especialistas
dedicados a los problemas que se sintetizan en el objeto material del Centro,
con especial vocación en la cooperación en el ámbito
iberoamericano y europeo.
5º
El seguimiento del proceso de consolidación democrática en
los países de Iberoamérica , así como de los procesos
de integración supranacional.
Estos fines se concretan, a su vez,
en una serie de objetivos:
1º
Realización de programas de investigación que permitan una
mayor convergencia en las actividades de los investigadores. Tal objetivo
se
desarrolla mediante una serie de programas y actividades.
2º
Difusión del conocimiento mediante la publicación del resultado
de las investigaciones, la realización de reuniones y conferencias
científicas y la colaboración en la actividad de formación
de especialistas y prestación de servicios científicos o
técnicos.
3º
Desarrollo de tareas de asesoramiento para instituciones universitarias
o ajenas al mundo académico respecto a cuestiones, planes o estudios
residenciables dentro del objeto del Centro Universitario.
4º
Realización de trabajos científicos dirigidos a la profundización
y consolidación de las políticas democráticas de los
países de Iberoamérica y del Centro y Este de Europa, y de
los procesos de integración.
5º Realización
de programas de postgrado y de formación permanente, destinados
tanto a titulados universitarios como a personal técnico en sus
diversos niveles.
6º Planes
de formación especializada y reciclaje profesional.
La colaboración, en especial
con los países iberoamericanos y europeos, así como el seguimiento
del proceso de consolidación democrática en dichos países,
ocupan lugar especial entre las cuestiones de interés de este Instituto,
abierto a colaborar con entidades públicas y privadas de ámbito
nacional o comunitario en la realización de proyectos de cooperación,
investigación y formación.
LÍNEAS
DE ACTUACIÓN
Las actividades científicas
que el Instituto desarrolla se articulan en torno a una serie de áreas
temáticas. Cada una de éstas es objeto de análisis
no sólo los aspectos jurídicos, en sus muy diversas manifestaciones
(constitucionales, administrativas, financieras, procesales, etc.), sino
también otras facetas de carácter técnico (informática,
documentación, etc.) que inciden en dichas áreas.
En la estructuración de las
actividades científicas del Instituto se podrían destacar
como principales áreas temáticas las siguientes:
.Justicia
constitucional
.
.Instrumentos
y mecanismos de garantía de los derechos fundamentales
.
.Régimen
jurídico de las elecciones y sistemas electorales
.
.Modernización
de técnicas parlamentarias
.
.Técnicas
de legislación y redacción de normas Técnicas de legislación
y redacción de normas
.
.Organización
de tribunales de justicia
.
.Análisis
comparado de políticas públicas
.
.Perfeccionamiento
de estructuras administrativas
.
.Organización
administrativa local y regional
.
.Financiación
pública y sistemas fiscales
.
.Organización
y control de empresas y servicios estatales
Justicia
constitucional
El carácter de norma suprema
del ordenamiento que reviste la Constitución sólo puede ser
garantizado en la medida en que exista un órgano de carácter
jurisdiccional encargado de velar por el efectivo respeto de los preceptos
constitucionales. En este sentido, casi todas las naciones que se han dado
nuevos textos constitucionales en los últimos treinta años
han otorgado un importante papel en los mismos a los órganos encargados
de velar por el cumplimiento de la Constitución
Instrumentos
y mecanismos de garantía de los derechos fundamentales
La protección de la libertad
de los ciudadanos es el objetivo último del régimen constitucional.
La garantía judicial de los derechos reconocidos como fundamentales
por los textos constitucionales es el instrumento ordinario de defensa
de dichos derechos, articulado en torno a la existencia de procedimientos
jurisdiccionales de carácter ordinario, especializado e incluso
encomendados a órganos de justicia constitucional. Junto a esta
garantía judicial, la existencia de comisionados parlamentarios
(tipo ombudsman) para la defensa de los derechos fundamentales, encargados
de supervisar la actuación de los poderes públicos en esta
materia, constituye un reforzamiento de tipo institucional para la protección
de la libertad
Régimen
jurídico de las elecciones y sistemas electorales
La juridificación plena del
proceso electoral y el desarrollo de una Administración electoral
independiente y profesionalizada, pero que repose en última instancia
sobre los propios ciudadanos son fundamento de todo régimen democrático
representativo. Asimismo, el papel jugado por los sistemas electorales
en la traducción de los votos en escaños reviste tal importancia
que la utilización de fórmulas electorales adecuadas es uno
de los elementos básicos para garantizar la estabilidad del sistema
político
Modernización
de técnicas parlamentarias
El moderno parlamentarismo tiende
a potenciar los elementos de control parlamentario de la actividad del
Gobierno (preguntas, interpelaciones, mociones, comisiones de estudio,
encuesta e investigación... ), pero -claro está- sin que
ello implique el retorno de los sistemas de "gobierno asambleario" abandonados
por las modernas democracias con el surgimiento del parlamentarismo racionalizado
Técnicas
de legislación y redacción de normas
El exceso de normas jurídicas,
la incomprensibilidad de las mismas, su ineficiencia e incluso, en ocasiones,
su déficit de legitimidad, son problemas que afectan a los conjuntos
normativos de casi todos los países. La respuesta a estos problemas
comunes desde la teoría del interés público no puede
ser ajena a la presencia de una pluralidad de sujetos como actores del
proceso legislativo, ni a la existencia de una pluralidad de operaciones,
ni tampoco, claro está, a la pugna de una pluralidad de racionalidades
que pueden y suelen manifestarse a lo largo del proceso legislativo
Organización
de tribunales de justicia
En este aspecto resulta de enorme
interés el estudio de las cuestiones relacionadas con el gobierno
de la Justicia y la organización del Poder Judicial en todos sus
niveles de actuación, desde el ámbito judicial de más
reducidas dimensiones al tribunal supremo de cada país. Resulta
también una cuestión muy importante el estatuto de los jueces
y magistrados y los instrumentos garantizadores de su independencia en
el marco de los diversos sistemas de acceso a la función judicial
Análisis
comparado de políticas públicas
Ante la globalización de
multitud de problemas cada vez más interdependientes y de más
difícil resolución, la ejecución de un análisis
comparado de políticas públicas permite integrar el alto
número de factores y elementos dispersos en imágenes globales
que expliquen tendencias, procesos o alineamientos entre países,
corrigiendo desde esta óptica las habituales explicaciones localistas
de los diversos problemas
Perfeccionamiento
de estructuras administrativas
La pugna vivida en las administraciones
públicas de los países desarrollados entre los sistemas tradicionales
de organización y los modernos sistemas de gestión está
lejos de haber llegado a su desenlace. Si bien la programación por
objetivos, como otros instrumentos de management, se afianza en las nuevas
estructuras administrativas, el surgimiento de problemas relacionados con
la falta de un adecuado control de la actuación de la administración
a través de instrumentos normativos plantea en la actualidad nuevas
cuestiones de análisis
Organización
administrativa local y regional
Una organización territorial
del poder basada en postulados de utilidad y eficacia plantea el reto de
configurar estructuras de descentralización que, bien bajo formas
de gestión política, bien puramente administrativa, permitan
un provechoso despliegue sobre el territorio del poder del Estado
Financiación
pública y sistemas fiscales
Aunque las llamadas a la disminución
del aparato estatal, así como a la eficiencia en la actuación
del mismo, están a la orden del día en nuestras sociedades,
la financiación del Estado no ha dejado de ser una cuestión
primordial para asegurar el mantenimiento o el acceso a ciertos niveles
de bienestar de amplios sectores de la población. Por otra parte,
la creciente crisis fiscal del Estado, unida a ciertos postulados ultraindividualistas
que pretenden el reconocimiento de un derecho a la objeción fiscal,
negando la obligación de contribuir a las cargas comunes sostenida
desde postulados de solidaridad social, plantean el reto de diseñar
políticas impositivas más justas, si por tal entendemos la
progresividad fiscal, pero que tampoco puedan alcanzar un carácter
cuasi-confiscatorio
Organización
y control de empresas y servicios estatales
La utilización de formas
societarias de capital público o de carácter mixto para la
gestión de determinados servicios esenciales para la comunidad plantea
no pocos problemas relacionados con múltiples cuestiones: el control
de la toma de decisiones en dichas sociedades, la política de recursos
humanos para la selección de su personal, el régimen bajo
el cual prestan sus servicios las personas allí contratadas, así
como -desde luego- la admisibilidad o no de la plena libertad de actuación
de estas empresas en el ámbito jurídico-privado en el que
desenvuelven sus actividades
Última modificación:
20 de octubre de 2003
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