La editorial del número en circulación de The New Republic está dedicada, como tantos otros análisis y noticias actuales, a la crisis de Enron. La tesis sostenida en esta prestigiada revista es un tanto más profunda de lo que podemos leer en estos días: las enormes fallas en la conducción de la empresa y, sobre todo, las graves consecuencias que están suscitándose, no pueden imputarse al Presidente Bush. Los verdaderos responsables son los conservadores de Washington y la deliberada política de negarse a establecer una serie de medidas que hubieran podido aliviar el escándalo o, inclusive, evitarlo. En concreto, señala la editorial el que no se haya impedido la imposición a los trabajadores de la obligación de tener gran parte de sus fondos de retiro en títulos de la empresa, o el que no se le prohibiera constituir offshores.  Igualmente, el que no se impidiera a las grandes firmas de auditoria externa realizar negocios con las sociedades cuya vigilancia tenían encomendada. Finalmente, el que se sustrajeran a diversos tipos de controles mediante la realización de complejos arreglos financieros, particularmente los conocidos como “derivados”. Lo que resulta curioso aquí es la mención de que en todos los casos se habían hecho propuestas por parte de miembros del Congreso, del Senado o de la Administración, encaminadas a corregir muchos de los serios problemas que, finalmente, terminaron dándose.

 El asunto tratado en The New Republic no es nuevo. Por el contrario, se trata sencillamente de la expresión de una de las muchas contradicciones, eso sí, tal vez una de las más profundas, que tienen los sistemas democráticos. Que todos tengan acceso al voto, está bien, y parece no ser posible revertir los supuestos que sustentaron al voto censitario durante una parte del siglo XIX. Sin embargo, ¿qué hacer una vez que el voto era igualitario y lograba condensarse en la fórmula “un hombre un voto”? Una de las varias respuestas posibles provino de la influencia de quienes cuentan con poder económico respecto de quienes cuentan con poder político, al punto de establecer entre ellos alianzas plenas en la forma de conducir los asuntos públicos. En la literatura económica de los años sesenta y setenta, el hecho fue denunciado por autores que hoy nadie cita como Myrdal o Galbraith, los cuales auguraron que las grandes corporaciones internacionales terminarían apoderándose de la conducción del Estado, de forma tal que debían introducirse correctivos que iban desde su control hasta la redistribución de la riqueza. Ese tipo de tesis fueron materialmente arrolladas en los años siguientes, cuando el pensamiento económico prevaleciente hizo del mercado el centro de toda explicación, al punto de ridiculizar cualquier posición relativa a su control o dirección.

 Es en la lógica del mercado que se producen varios de los cambios económicos más importantes de nuestro tiempo. Así, se habla de reducir al Estado, de permitir un libre juego de la oferta y la demanda, de evitar la introducción de cualquier tipo de distorsiones al sistema de precios, de considerar la eficiencia y la rentabilidad determinantes para la regulación o permanencia del Estado en ciertas actividades, por ejemplo. A partir de ahí, se articularon una serie de cambios que significaron la privatización de buena parte de las empresas públicas, ello bajo el criterio de que o el Estado era muy torpe en su conducción, o ésta debía llevarse a cabo mediante criterios de rentabilidad económica; también, el que se buscara la forma de reducir todo tipo de regulaciones a efecto de evitar trámites, reducir la corrupción, facilitar las transacciones o disminuir los costos que producían estas últimas. El mercado fue el eje fundamental de la reflexión teórica que significó, a final de cuentas, la realización en tres planos de una serie de profundas transformaciones jurídicas: por una parte, en reformas constitucionales y legales de la mayor importancia; por otra, en la venta de los activos estatales y, finalmente, en la necesidad de repensar y reelaborar buena parte de los supuestos y categorías jurídicas tradicionales.

 El proceso inicial de privatizaciones está prácticamente concluido, y en opinión de muchos de los sostenedores de las primeras reformas, lo único que hace falta es comprometerse con ellas y realizarlas hasta sus últimas consecuencias. Es decir, pensar que lo único que resta es continuar por el camino trazado, y permitir que a nivel de actos administrativos, planes y programas, se concluya lo que ya se inició. Hay quienes pensamos que, sin embargo, es necesario pensar que buena parte de las reformas llevadas a cabo deben ser acompañadas de muchas otras. Esto es así sencillamente por el hecho de que aquéllas produjeron nuevos actores, nuevas conductas y nuevos escenarios que deben encontrar una nueva y adecuada regulación jurídica. Si atendemos a los supuestos del orden jurídico, veremos que gran parte de los contenidos normativos estaban formulados para controlar las acciones de los entes públicos, sencillamente porque a ellos correspondía  la formulación de las normas, la conducción de las políticas, la producción de buena parte de los servicios públicos, la redistribución del ingreso, etc. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando muchas de esas tareas son realizadas por los entes privados y respecto de ellos no existe una regulación semejante a la que en su momento trató de controlar la actividad pública? En las nuevas condiciones que vive el país (y con nosotros otros muchos que en la misma época decidieron introducirse en un proceso de reformas económicas estructurales), es preciso entender que las personas o los propios entes públicos pueden resultar afectados por cierto tipo de acciones realizadas por las empresas privadas. La representación de un mercado actuando por sí mismo y sin necesidad de ningún tipo de intervención humana, cumplió la función de identificar al Estado como la causa de los males que querían superarse. Sin embargo, en el momento en que el propio mercado dejó de estar en una posición marginal y pasó a ocupar parte del espacio público, no es posible pensar que no pueda ser regulado, o que deba seguir siéndolo sólo a través de las normas que servían para regular al Estado. Lo que en su momento fue utilizado como arma de lucha, no puede pretender tener el carácter de principio de organización del Estado.

 Lo que en estos momentos debemos comenzar a pensar o, tal vez, a repensar, es la forma en que dándole cabida a los criterios de eficacia y a la posibilidad de maximizar la utilidad, ello puede lograrse sin perjuicio de otro tipo de intereses o bienes. Por ejemplo, ¿no sería conveniente permitir que cierto tipo de actos realizados por sujetos que ocupan un posición social o económica privilegiada pudieran combatirse a través de vías diversas a los procesos ordinarios?, ¿qué no sería adecuado revisar la legislación de un modo sistemático y generalizado a fin de evitar, por ejemplo, el que ciertos delitos fueran considerados como no graves?, ¿qué no sería adecuado también pensar cuáles pueden ser las consecuencias generales de cierto tipo de decisiones o determinados modelos de organización adicionalmente a los criterios de rentabilidad? Seguramente que preguntas como éstas seguirán pareciendo ociosas a muchos, y lo único que podremos decir en su momento es un triste y largo ¡si hubiéramos...¡ Antes de llegar a ello, pareciera adecuado pensar el tema a partir de la quiebra de Enron, sencillamente porque la misma no se sustenta únicamente en condiciones coyunturales o particulares.

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Última modificación: 19 de febrero de 2002
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