Nota: La totalidad de las enmiendas de la Constitución de 1998 pueden consultarse en el texto de la Constitución disponible en el sitio electrónico del Instituto de Derecho Público Comparado

• A emenda constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002, alterou o art. 222 para permitir a participação, no capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, de pessoas jurídicas cujo capital não pertença exclusivamente a brasileiros, desde que essa participação esteja limitada a 30% do capital total e do capital votante. 

• A emenda constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, teve como objeto três matérias:

a)  prorrogou até 31 de dezembro de 2004 a contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (CPMF), acrescentando os arts. 84 e 85 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Essa contribuição foi criada pela emenda constitucional nº 12, de 1996, originalmente para financiar as políticas de saúde, e já havia sido prorrogada pela emenda constitucional nº 21, de 1999. De acordo com a nova regulação, a CPMF deixa de incidir sobre uma série de lançamentos, como aqueles relativos a operações no mercado de capitais, e sua alíquota baixará de 0,38 para 0,08 a partir de 2004, passando a cumprir finalidades extra-fiscais; 

b)  estabeleceu novas regras para o pagamento de débitos ou obrigações de pequeno valor da Fazenda Pública, alterando o art. 100 e acrescentando os arts. 86 e 87 ao ADCT. Vale observar que essa matéria também foi objeto da emenda constitucional nº 30, de 2000;

c)  modificou o regime do imposto sobre serviços, de competência municipal, alterando o art. 156, § 3º, para reservar à lei complementar a definição de suas alíquotas máximas e mínimas e a regulação de suas isenções, incentivos e benefícios fiscais, bem como acrescentando o art. 88 ao ADCT, para estabelecer em dois por cento a alíquota mínima desse imposto.

•  A emenda constitucional nº 38, de 12 de junho de 2002, acrescentou o art. 89 ao ADCT, para incorporar os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia  ao quadro de pessoal da União Federal.

Se ha elaborado un proyecto de ley de justicia constitucional.  En este momento se está sometiendo a discusión en diversos foros y seminarios

• Por lo que afecta a la exigencias para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se establece que quienes hubieren adquirido nacionalidad distinta de la nicaragüense hayan renunciado a ella cuatro años antes del nombramiento, en lugar de los cinco años que antes exigía el art. 161.1; asimismo, se exige haber residido en Nicaragua durante esos mismos cuatro años anteriores al nombramiento, salvo que el motivo de la estancia en el extranjero fuera el cumplimiento de funciones diplomáticas, el trabajo en organizaciones internacionales o la investigación.
• Por lo que respecta al proceso de nombramiento, el nuevo inciso 14 del art. 150 precisa que la propuesta de Magistrados de la Corte Suprema que realiza el Presidente se hará por ternas.
• En relación con la composición y organización de la Corte Suprema, el nuevo art. 163 eleva el número de Magistrados a 16, precisando que cada Sala, la Constitucional entre ellas, estará formada por cuatro Magistrados. Asimismo, se ha creado la figura de los Magistrados Suplentes con funciones exclusivas de Conjueces. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte Plena o cualquiera de las Salas; cuando se produjere ausencia, impedimento, excusas, implicancias o recusación de cualquiera de los Magistrados. Su nombramiento se realiza de igual forma que el de los Magistrados

• Mediante Sentencia de 3 de julio, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de reforma de la Constitución

Modificación  del  Título Cuarto.

• Cambio de la denominación del Título.
• Adición del artículo 113

El Decreto establece que esta disposición constitucional entrará en vigor el 1 de enero del segundo año siguiente a su publicación, a fin de que la  legislación existente en la materia se adapte al nuevo mandato constitucional.
 
 
 

• Lo más destacable de la reforma, desde un punto de vista formal, se refiere a la "desconstitucionalización" -desde la propia perspectiva europea- de su regulación. Por lo pronto, muchas cuestiones que antes se regulaban en el propio Tratado, se remiten ahora al Estatuto, el cual, por otro lado, ha visto flexibilizadas sus posibilidades de reforma. Así, mientras que en la versión anterior, cualquier modificación del Estatuto exigía la ratificación por todos y cada uno de los Estados miembros conforme a sus respectivos Derechos internos, salvo el Título III (dedicado al "procedimiento"), que podía ser modificado por el Consejo mediando unanimidad, en la versión resultante de Niza sólo la reforma del Título I (dedicado al "estatuto de los Jueces y de los Abogados Generales") exige la ratificación por todos y cada uno de los Estados miembros conforme a sus respectivos Derechos internos, pudiendo el resto del Estatuto ser reformado por el Consejo decidiendo por unanimidad
• También las posibilidades de reforma de los Reglamentos de Procedimiento tanto del TJCE como del TPI (que fueron modificados el 28 de noviembre de 2000) se han visto flexibilizadas, al ser sustituida la unanimidad por la mayoría cualificada en el seno del Consejo
• Desde un punto de vista sustantivo, teniendo en cuenta el contexto de esta breve presentación, podríamos destacar
• La posibilidad (a concretar en el Estatuto, lo que no ha hecho Niza) de que el TPI se convierta en el "Juez común" de Luxemburgo, al prever el Tratado su competencia, revisable en casación por el TJCE, sobre los recursos de anulación y por omisión cualquiera que sea el recurrente, que se completa con la potencial ruptura, a actualizar también por el Estatuto (lo que tampoco ha hecho éste) del monopolio del TJCE sobre las cuestiones prejudiciales
• La previsión de una nueva arquitectura jurisdiccional europea, al contemplar la posibilidad de creación de salas jurisdiccionales a través de decisiones adoptadas por unanimidad del Consejo, que habrán de precisar su composición y competencias
• La pretensión de garantía de la unidad y coherencia del Derecho Comunitario, a través de un recurso innominado, que recuerda a la casación en interés de ley, frente a las decisiones del TPI que resuelvan recursos contra las decisiones de las salas jurisdiccionales y las cuestiones prejudiciales; de este recurso puede destacarse, por un lado, su escasa regulación en el Estatuto y, por otro lado, lo llamativo de esa escasa regulación, al monopolizar sorprendentemente su activación en el Primer Abogado General
• Para concluir, tan sólo resaltar la apertura del control por el TJCE (limitado, de manera discutible, a las cuestiones de procedimiento) sobre las sanciones que pueden llegar a imponerse sobre los Estados miembros en materia de violación de los derechos humanos