1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones
5. Bibliografía

1.- Modelo:Mixto o integral. Cualquier tribunal puede considerar que una disposición legal es inconstitucional y desaplicarla al caso concreto del que conoce y, además, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está habilitada para anular, con efectos generales, las leyes y otros actos con rango de ley. Las normas y actos inferiores a la ley son controlables en cuanto a su constitucionalidad por los tribunales competentes, sean ordinarios o contencioso-administrativos. A todos los tribunales, por otra parte, le corresponde, según el reparto de competencias contenido en la ley, amparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados por cualquier ente público, incluidos los mismos órganos judiciales, o por los particulares, a través de un proceso breve, preferente, efectivo e informal

2.- Órgano que cierra el sistema: Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

3.- Regulación:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (artículos 27, 203, 214, 254, 262, 263, 264, 265, 266, Capítulo I del Título VII y 339)
• Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976 (regula provisionalmente el funcionamiento de la Sala Constitucional y los procedimientos que se siguen ante ella)
• Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988

5.- Precedente: Desde la primera Constitución de Venezuela, de 1811, se reconoce el principio de supremacía constitucional, en especial en materia de derechos fundamentales. En 1858 se admitió la impugnación directa de leyes provinciales ante la Corte Federal por una acción popular y en 1864 se varió tal competencia para las leyes nacionales. En 1893 ambos tipos de leyes, nacionales y regionales, podían ser anuladas por la Alta Corte Federal y por una acción popular. En 1897 se le otorgó a cualquier juez, por el Código de Procedimiento Civil, la potestad de desaplicar las leyes nacionales o regionales inconstitucionales. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, desde 1961, tuvo competencias para anular con efectos generales las normas con rango de ley y los Reglamentos que vulneraban la Constitución, a la par que se mantenía el control difuso, de acuerdo con las leyes procesales civil y penal

6.- Status del Tribunal: La Sala Constitucional, como parte del Tribunal Supremo de Justicia, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Sus competencias están previstas en la propia Constitución

7.- Composición: La Sala Constitucional, actualmente, está compuesta por cinco Magistrados, con sus respectivos Suplentes

8.- Mandato: Un período único por doce años

9.- Proceso de designación:

• La designación definitiva de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia la realiza la Asamblea Nacional (artículo 264 de la Constitución). Si bien la ley es la que establecerá el procedimiento de selección, la propia Constitución fija unos principios nada desdeñables que pretenden darle transparencia y objetividad al proceso, a la vez que estimula la participación ciudadana
• Habrá un Comité de Postulaciones Judiciales, el cual “estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley” (artículo 271). Dicho Comité, que actúa en principio como un órgano asesor, es el encargado de recibir las postulaciones de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, bien se presenten por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con actividades jurídicas (artículo 264)
• De tales postulaciones, el Comité de Postulaciones Judiciales, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección
• Tal listado inicial se entregará al llamado Poder Ciudadano, que es un órgano conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo (artículo 273), el cual efectuará una segunda preselección que entregará a la Asamblea Nacional (artículo 264)
• La Asamblea, de entre los candidatos precalificados, ha de efectuar los nombramientos definitivos
• La Constitución, en el mismo artículo 264, termina reiterando que: “Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional”
• La legislación sobre la materia, que fijará en definitiva el procedimiento para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo conforme con las pautas constitucionales, no ha sido dictado hasta ahora. En su lugar, de forma excepcional y para la primera designación, la Asamblea Nacional emitió en fecha 14 de noviembre de 2000 una Ley Especial.

• Los primeros magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados, provisoriamente, de modo unilateral y discrecional por la Asamblea Nacional Constituyente (28 de diciembre de 1999). Tales nombramientos se llevaron a cabo través de llamados “actos constituyentes”, por lo que no se acataron las disposiciones de la Constitución que acababa de ser aprobada en referéndum (entre ellas las relativas a la participación de la sociedad civil) y, a más de eso, en varios supuestos los magistrados designados ni siquiera dieron cumplimiento a los requisitos constitucionales establecidos para ejercer tales cargos
• Posteriormente, en fecha 26 de diciembre de 2000 se efectuó la elección definitiva de los Magistrados de la Sala Constitucional, pero en esta ocasión tampoco se dio cumplimiento a los postulados constitucionales
• La Asamblea Nacional publicó una Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia para el Primer Período Constitucional, en fecha 14 de noviembre de 2000 (Gaceta Oficial No. 37.077). En esa Ley Especial se sustituye, en lo que a la elección de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia respecta, al Comité de Postulaciones Judiciales por una “Comisión de Evaluación”, la cual estuvo formada por 15 diputados a la Asamblea Nacional
• Dicha Comisión, que no funcionó entonces con miembros de la sociedad civil como lo exige la Constitución, efectuó por sí misma las evaluaciones pertinentes y le presentó un listado con los candidatos preseleccionados a la Asamblea Nacional, la cual realizó la designación definitiva con el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros
• Esta designación final, siguiendo una sentencia de la propia Sala Constitucional (No. 1562, de 12 de diciembre de 2000), diferenció si los candidatos a Magistrados se postulaban por primera vez o si esperaban ser ratificados en dicho cargos por haber sido designados antes por la Asamblea Nacional Constituyente de modo provisorio
• A los que optaban por la designación les fue requerido el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad establecidos en la Constitución (con algunas precisiones que hizo la misma Sala Constitucional en cuanto a su interpretación, por lo general para hacer más asequibles tales exigencias)
• A los que optaban por la ratificación se les evaluó, sólo, por el “rendimiento” de los magistrados y por la “calidad de sus ponencias”
• En fin, el nombramiento de magistrados definitivos de la Sala Constitucional por doce años se realizó por un procedimiento excepcional y diferente al previsto constitucionalmente. En él se negó la participación activa de la sociedad civil y, al final, concluyó favoreciendo a los magistrados que ocupaban el cargo provisoriamente. De hecho, cuatro de los cinco magistrados fueron ratificados; además, ninguno de ellos es especialista en Derecho Constitucional

• Venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad
• Ciudadanos de reconocida honorabilidad
• De forma alternativa
• Juristas de reconocida competencia, han de gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica (esta última condición sobre estudios de postgrado, según la decisión de la Sala Constitucional de 12 de diciembre de 2000, debe ser exigida sólo si para la fecha de graduación del abogado existía organizado en el país un sistema de postgrado al que pudiera acceder)
• Profesor universitario en ciencias jurídicas durante al menos quince años y tener la categoría de profesor titular (“Profesor Titular” es la más alta categoría en el escalafón universitario; sin embargo, la Sala Constitucional, en la sentencia referida de 12 de diciembre de 2000, sostuvo que tal exigencia constitucional no debía entenderse como una categoría específica, sino como una condición de los profesores por contraposición a cargos interinos, provisionales, de reemplazo)
• Juez superior en la especialidad de la Sala (requisito que fue también, en la misma sentencia de la Sala Constitución aludida, disminuido a su mínima expresión), con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones y con un mínimo de quince años en la carrera judicial

• Son, en principio, independientes. Sin embargo, la Asamblea Nacional, por dos terceras partes de sus miembros, previa audiencia al interesado y por causas graves calificadas previamente por el Poder Ciudadano, puede remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
• Tienen un régimen de incompatibilidades estricto que establece la ley
• Poseen, además, un fuero especial por el cual sólo pueden ser juzgados penalmente luego de que el propio Tribunal Supremo de Justicia haya declarado que hay mérito para ello y, si el delito fuera común, se seguirá también ante el mismo Tribunal

14.- Órganos auxiliares:

• Secretaría y Alguacil: Son nombrados por la Sala y se encargan de llevar el registro de los asuntos y de efectuar las notificaciones o emplazamientos a que hubiere lugar
• Juzgado de Sustanciación: Está compuesto por un Juez distinto de los Magistrados de la Sala y es el encargado de la tramitación de los asuntos en sus aspectos meramente procesales. Sus decisiones, si causan gravamen a las partes, pueden ser apeladas ante la Sala
• Abogados asistentes y auxiliares: Estos profesionales asisten a los Magistrados en el desarrollo de sus funciones, especialmente en el estudio de los asuntos y en la elaboración de proyectos de decisiones. Cada Magistrado cuenta con un abogado asistente y varios auxiliares. Algunos abogados auxiliares, sin embargo, trabajan en común para toda la Sala

• Los asuntos que ingresan son admitidos por el Juez de Sustanciación y tramitados hasta el estado en que la Sala deba emitir un pronunciamiento
• Ésta, en los amparos que conoce en única instancia, es la que admite la demanda
• La actuación de la Sala se lleva a cabo mediante un Magistrado que se designa como Ponente para el caso, y es el encargado estudiar el asunto y de presentar el proyecto de sentencia a los demás Magistrados, para las deliberaciones pertinentes por el Pleno

16.- Competencias:

• Acción de inconstitucionalidad: control directo y abstracto de constitucionalidad de normas y actos con fuerza de ley, abierta a cualquier persona sin necesidad de invocar un interés especial y exenta de plazos de caducidad
• Control previo de tratados internacionales: control directo y abstracto de constitucionalidad de los tratados internacionales antes de su ratificación por la República. La legitimación está limitada al Presidente y a la Asamblea Nacional
• Control previo de la calificación de Leyes Orgánicas: la Asamblea Nacional, al calificar una ley como orgánica al momento de la admisión del proyecto, debe remitirla a la Sala Constitucional antes de su promulgación para que se pronuncie en diez días si tal calificación es apropiada o no. En caso de decisión negativa, la ley perderá tal carácter
• Control previo de constitucionalidad de las leyes: revisión, en un plazo breve y perentorio de diez días, de las leyes nacionales antes de su promulgación. La legitimación corresponde sólo al Presidente de la República
• Conflictos de competencia: resolución de controversias sobre el reparto de competencias constitucionales entre cualquier órgano del Poder Público que se susciten entre las distintas entidades político-territoriales, como entre los distintos órganos constitucionales del Estado
• Revisión de los decretos que declaren el Estado de Emergencia dictados por el Presidente: El control puede ser aún de oficio, y la Constitución señala que procederá “en todo caso”. Se rige por una acción popular
• Inconstitucionalidad por omisión: corrección en caso de que el poder legislativo nacional, estadal o municipal haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución o las haya dictado en forma incompleta. La Sala Constitucional puede, de ser necesario, fijar los lineamiento pertinentes
• Colisiones entre leyes: resolución de las colisiones que se presenten entre diferentes disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer
• Amparo de derechos fundamentales en primera y única instancia: protección inicial y en única instancia de derechos y garantías constitucionales cuando la violación se atribuye a altos funcionarios nacionales y contra sentencias de tribunales superiores (esta competencia, establecida en leyes preconstitucionales, fue arrogada por la propia Sala Constitucional en sentencia de 20 de enero de 2000)
• Revisión de sentencias sobre amparo constitucional y control difuso dictadas por otros tribunales: protección final de los derechos y garantías constitucionales con fines preponderantemente objetivos (desarrollo y uniformidad de la jurisprudencia)
• Interpretación autónoma, directa y por vía principal de las disposiciones constitucionales, a solicitud de cualquier ciudadano interesado y con efectos vinculantes para todos (esta competencia, inédita en el Derecho Constitucional venezolano, es de exclusiva creación por la Sala Constitucional, en la sentencia No. 1077, de 22 de septiembre de 2000)

17.- Asuntos que ingresan cada año: Cuadros estadísticos de asuntos ingresados y resueltos cada año

18.- Asuntos que se resuelven cada año: Cuadros estadísticos de asuntos ingresados y resueltos cada año

19.- Tiempo medio de resolución de los asuntos: (no hay datos)

DIRECCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES

20.- Biblioteca:El Tribunal Supremo de Justicia cuenta con dos bibliotecas

• La Biblioteca “Martín Pérez Guevara”
• La Biblioteca “Antonio Moles Caubet”, especializada, esta última, en temas de Derecho Público

• Gaceta Oficial de la República: publicación periódica. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que anulen alguna ley deben aparecer publicada para su efectividad
• Gaceta Forense: boletín oficial que transcribe íntegras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (con mucho retraso)

• Tribunal Supremo de Justicia: actualización periódica. Tiene una relación de las decisiones dictadas cada día y el texto completo de ellas

24.- Dirección:

            Prolongación de la Av. Baralt, Esquina de Dos Pilitas
            Foro Libertador
            Caracas
            VENEZUELA

25.- Teléfono: Central telefónica: (582) 801 9111 - 563 9555

26.- Fax: (582) 564 9526

27.- Correo electrónico:

• jrequena@csj.gov.ve
• participacion@csj.gov.ve

28.- Bibliografía básica:

• ANDUEZA ACUÑA, José Guillermo: La jurisdicción constitucional en el Derecho venezolano. Caracas, 1974
• AYALA CORAO, Carlos. “La jurisdicción constitucional en Venezuela”, en García-Belaunde, D.; Fernández Segado, F. (coord.): La jurisdicción constitucional en Iberoamérica. Madrid. 1997
• AYALA CORAO, Carlos; BREWER-CARÍAS, Allan. Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Caracas, 1988
• BREWER-CARIAS, Allan: Estado de Derecho y Control Judicial. Madrid, 1987
• BREWER-CARIAS, Allan: El control concentrado de la constitucionalidad, un estudio de derecho comparado. Caracas, 1994
• BREWER-CARIAS, Allan: Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y estudios de Derecho Administrativo. Caracas, 1977
• BREWER-CARIAS, Allan: El sistema mixto e integral de control de constitucionalidad en Colombia y Venezuela. Bogotá, 1995
• CALCAÑO DE TEMELTAS. Josefina, "Aspectos generales del régimen legal de la Corte Suprema de Justicia", en Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Caracas, 1991
• CHAVERO GAZDIK, Rafael: La acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales. Caracas, 1997
• FARIAS MATA, Luis Enrique: "¿Eliminada la acción popular del Derecho positivo venezolano?", en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Nº 89. Caracas, 1983
• LA ROCHE, Humberto J.: Instituciones Constitucionales del Estado venezolano. Maracaibo, 1984
• LINARES BENZO, Gustavo: El proceso de amparo. Caracas, 1999
• RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard: La acción de amparo contra los poderes públicos. Caracas, 1994
• RUGGERI PARRA, Pablo: La supremacía de la Constitución y defensa. Jurisprudencia del Alto Tribunal venezolano (1870-1940). Caracas, 1941
• SARMIENTO NÚÑEZ, José Gabriel: "El control de la constitucionalidad de las leyes y de los Tratados", en Libro Homenaje a Eloy Lares Martínes, Caracas, 1984
• TOVAR TAMAYO, Orlando: La jurisdicción constitucional. Caracas, 1983

Última modificación: 7 de octubre de 2002
(c) A. Cánova González/Universidad Carlos III de Madrid