1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones
5. Bibliografía

1.- Modelo: En  materia de declaración de inconstitucionalidad de actos legislativos formales, es concentrado. Cualesquiera de los juzgados y tribunales del Poder Judicial, así como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pueden declarar que un acto legislativo perfeccionado antes de la entrada en vigor de la Constitución, es incompatible con ésta, por lo que está derogado. El control de la constitucionalidad de los actos administrativos compete al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
 

2.- Órgano que cierra el sistema: Suprema Corte de Justicia.

3.- Regulación:

• Constitución uruguaya de 1967. Arts. 85-18º y 20º, 220, 233 a 240, 250 a 252, 256 a 261, 283, 309, 313, 329 y Disposición Transitoria y Especial V.
• Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18-X-1988), arts. 508 a 523.
• Ley Orgánica de la Judicatura (Nº 15.750, de 24-VI-1985), arts. 1, 53 a 58.
• Ley reglamentaria de la acción de amparo (Nº 16.011, de 19-XII-1988), art. 12.

4.- Creación: La Suprema Corte de Justicia comenzó a actuar desde la promulgación de la Constitución de 1934, el 18 de mayo de 1934.

5.- Precedente: Alta Corte de Justicia prevista por la Constitución de 1830, pero recién creada por ley 3.246, de 28-X-1907.

6.- Status del Tribunal: Es un órgano constitucional, que integra el Poder Judicial. Ejerce la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias de dicho Poder y tiene la potestad de proyectar el presupuesto del Poder Judicial que forma parte del Presupuesto Nacional. Dicho proyecto y las modificaciones que proponga el Poder Ejecutivo, son sometidos a la aprobación del Poder Legislativo.

7.- Composición: Cinco miembros. No hay suplentes.

8.- Mandato: Los miembros duran diez años en sus cargos, pero en todo caso cesan al cumplir setenta años. No pueden ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección.

9.- Proceso de designación: Son designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación debe efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, queda automáticamente designado el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad por el que tenga más años de ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal.

10.- Elementos no reglados de la selección: Históricamente las designaciones fueron producto del acuerdo entre los principales Partidos Políticos. Las últimas designaciones fueron por provisión automática.

11.- Cualificación de los Magistrados: Abogados con diez años de antigüedad o que hayan ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años. En la actualidad, los cinco miembros proceden de la judicatura. Dos de ellos son catedráticos de Universidad, uno en Derecho Penal y otro en Derecho Privado y Técnica Forense.

12.- Status de los Magistrados: Son independientes e inamovibles y sometidos a un rígido sistema de incompatibilidades, como todos los jueces. Pueden ser cesados, mediante juicio político, por acusación formulada por la Cámara de Representantes y sentencia del Senado, por violación de la Constitución u otros delitos graves, requiriéndose dos tercios de votos conformes del total de componentes.

13.- Organización interna: La Suprema Corte de Justicia conoce de todos los asuntos de su competencia en Pleno. El Presidente es uno de los cinco miembros y representa a la Corporación. La presidencia se ejerce en forma rotativa, por el lapso de un año, que comienza el primero de febrero.

14.- Órganos auxiliares: Secretaría Letrada Judicial; Secretaría Letrada Administrativa; Sección Jurisprudencia, Biblioteca, Centro de Cómputos, etc. Cada uno de los miembros cuenta con un letrado en calidad de Asistente Técnico.

15.- Procedimiento interno de estudio de los asuntos:  Los miembros disponen de un plazo de quince días para el estudio de las sentencias interlocutorias y de treinta para las sentencias definitivas. El expediente es pasado a estudio de cada uno en forma simultánea y en facsímil. Devueltos los autos por el último miembro, se realiza la audiencia respectiva para expedir la sentencia dentro de un plazo que no puede exceder de treinta días.
 

II.- COMPETENCIAS
 
 

16.- Competencias:

 A) Competencia jurisdiccional de origen constitucional:
• Control de constitucionalidad de leyes o decretos con fuerza de ley en su jurisdicción de los Gobiernos Departamentales por vía de acción: Control con legitimación limitada y efectos para el caso concreto delineado por el promotor.
• Control de constitucionalidad de leyes o decretos con fuerza de ley por vía de excepción: Control con legitimación limitada y efectos para el caso concreto en que fue promovida la solicitud.
• Control de constitucionalidad por vía de oficio: Control a instancia de cualquier juzgado o tribunal del Poder Judicial o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con efectos para el caso concreto.
• Resolver contiendas de competencia fundadas en la Constitución que se susciten entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y, también, en las contiendas entre uno y otro de estos órganos. También entenderá en las contiendas que se produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o Conse-jos de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de la voluntad del órgano.
• Resolver la acción o reclamo por lesión de la autonomía de los Departamentos. Puede ser promovida por el Intendente o la Junta Departamental respectiva.
• Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y cau-sas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y conven-ciones con otros Esta-dos; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
 B) Competencia jurisdiccional establecida por leyes ordinarias:
• Conocer de los recursos de casación en materia civil y penal.
• Dirimir las contiendas de competencias entre los órganos del Poder Judicial y los de lo Contencioso Administrativo.
• Resolver, integrada con conjueces militares, las contiendas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar.
 C) Otras atribuciones constitucionales:
• Designar con aprobación del Senado los magistrados de los Tribunales de Apelaciones y por sí a los Jueces Letrados, a los Jueces de Paz, a los Defensores de Oficio permanentes y a los funcionarios del Poder Judicial.
• Proyectar el Presupuesto del Poder Judicial.

17.- Asuntos que ingresan cada año: No hay datos.
 

18.- Asuntos que se resuelven cada año: No hay datos.
 

19.- Tiempo medio de resolución de los asuntos: No hay datos.
 

IV.- DIRECCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES.
 

20.- Biblioteca: Existe una biblioteca situada en la sede de la Suprema Corte de Justicia, de más de 11.500 volúmenes, incluyendo revistas.

21.- Publicaciones:

• Solamente está prevista la publicación en el “Diario Oficial” de las sentencias que acogen recursos de casación.
• Una selección de las sentencias consideradas de mayor interés son habitualmente publicadas por revistas jurídicas privadas, entre ellas:
• La Justicia Uruguaya (en adelante: “L.J.U.”): se incluyen en la Sección I, Jurisprudencia. Se publican dos tomos al año y cada tomo comprende tres fascículos. El primer tomo: enero-febrero; marzo-abril y mayo-junio. El segundo: julio-agosto; setiembre-octubre y noviembre-diciembre. Por subscripción.
• Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político (en adelante: “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”)  se incluyen en la Sección “Jurisprudencia Uruguaya”. Se publica un tomo al año, que comprende seis fascículos. Por subscripción. E-mail: eestevag@adinet.com.uy.
• El Derecho Digital:Primer Periódico Jurídico Digital del Uruguay; e-mail: ddu@elderechodigital.com.uy. Hebdomadario, se edita los días viernes. Por subscripción.

Base de Datos Jaime Zudáñez, de la Suprema Corte de Justicia. Incluye sentencias desde 1992. Actualmente con acceso limitado a entidades con las que ha celebrado convenio: Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Colegio de Abogados del Uruguay, Asociación de Escribanos del Uruguay. Próximamente en Internet.

23.- Página web: En construcción.

24.- Dirección: Pasaje de los Derechos Humanos 1310 (11100) Montevideo, Uruguay

25.- TLF.: (598-2) 900.1041 / 1042 / 1043 (Mesa Central)

26.- FAX: (598-2) 900.1041 / 1042 / 1043 (Mesa Central)

27.- E-mail: No existe una dirección de correo electrónico general. Se incluyen los de jurisprudencia: jurispru@poderjudicial.gub.uy y biblioteca: scj_biblio@poderjudicial.gub.uy.

V.- BIBLIOGRAFÍA.
 
 

28.- Bibliografía básica:

A)
A.1. General sobre competencia de la Suprema Corte de Justicia:

• CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: Derecho Público, Montevideo 1997, ed. Fundación de Cultura Universitaria.
• JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino: La Constitución Nacional, Montevideo 1947, ed. Medina, t. VIII.
• JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino: La Constitución del Uruguay de 1952, Monte-video 1965, ed. Centro de Estudiantes de De-recho, t. IV y Montevideo 1995, ed. Cámara de Senadores.
• KORZENIAK FUKS, José: Curso de Derecho Constitucional 2º / Apuntes de clase, Montevideo 1971, vol. 2, ed. F.C.U.

• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: Estudio nacional sobre el sistema de justicia constitucional en Uruguay, elaborado en 1991 para el programa del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Pau, con el auspicio del Centre Nationale de la Recherche Scientifique de Francia, publicado en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nos. 67-72, ps. 185-266. Nota: incluye amplias referencias bibliográficas.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: La jurisdicción constitucional en Uruguay, en “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, D. García Belaúnde y F. Fernández Segado, Coordinadores, ed. Dykinson y otras, Madrid 1997, ps. 901-926.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: Informe nacional: Uruguay, en “Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, ps. 357-377.

• BERRO ORIBE, Guido: Del juicio extraordinario de inaplicación de disposiciones legales por razón de constitucionalidad, en “Rev. Fac. de Derecho y Ciencias Sociales”, Montevideo 1963, año XIV, Nº 2, ps. 229-379.
• CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: Oposición superveniente: ¿derogación o inconstitucionalidad?, en La “Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración”, (en adelante: “Rev. D.J.A.”), Montevideo 1957, t. 55, ps. 157-207.
• CIKATO, Manfredo A. (Director) y otros: La declaración de inconstitucionalidad de las leyes, publicación de “Anales Administrativos” / Secretaría de la Presidencia de la República, Montevideo 1970, 268 ps.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: Declaración de inconstitu-cionalidad de actos legislativos, en “El Poder y su control”, Seminario realizado en la Universidad Católica del Uruguay «Dámaso Antonio Larrañaga» en agosto y setiembre de 1989, Serie Congresos y Conferencias Nº 1 de la “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Montevideo 1990, ps. 97-125.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: La vigencia de la ley en la fecha del caso concreto como requisito de su declaración de inconstitucionalidad, en La “Rev. D.J.A.”, t. 74, ps. 147-151.
• RISSO FERRAND, Martín: Derecho Constitucional / Introducción, Interpretación y Defensa Jurídica de la Constitución, Ingranusi Ltda., Montevideo, 1996.
• SAMPAY, Arturo Enrique: La declaración de inconstitucionalidad en el derecho uruguayo, ed. Medina, Montevideo, 1957.
• VESCOVI, Enrique: El proceso de inconstitucionalidad de la ley, Cuaderno Nº 18 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, primera serie, Montevideo 1967.
• VESCOVI, Enrique: Proceso de inconstitucionalidad, Cap. s./n. del “Curso sobre el Código General del Proceso”, t. II, del Instituto Uruguayo de De-recho Procesal de la Facul-tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989.

B.2. Legitimación:

CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: El interés legítimo como situación jurídica garantida en la Constitución uruguaya, en “Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX” / Homenaje a Enrique Sayagués-Laso (Uru-guay), Madrid 1969, ed. Instituto de Estudios de Administración Local, t. III, ps. 283-306.

B.3. Vía de acción:

• ARLAS, José A.: La declaración —en vía principal— de inconstitucionalidad de las leyes en el Derecho uruguayo, en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal”, 1975, Nº 3, ps. 11-34.
• CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: Vías y efectos de la solicitud de declara-ción de inconstitucionalidad, en “Estudios jurídicos en memoria de Eduardo J. Couture”, Montevideo 1957, ps. 129-146.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo: “Una jurisprudencia errónea: los efectos de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad”, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, N? 50, ps. 193 y ss.

B.4. Vía de excepción:

• CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: Denominación y naturaleza de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción, en La “Rev. D.J.A.”, t. 63, ps. 152-153.
• DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: La declaración de inconstitucionalidad de las leyes por vía de excepción y la acción de nu-lidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en “Anales del Foro”, año V, Nº 76-77, ps. 184-203.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: Breves consideraciones sobre tres aspectos de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad por vía de excepción en el llamado «Código General del Proceso», en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 29, ps, 531-532.

B.5. Vía de oficio:

CASSINELLI MUÑOZ, Horacio: Cuestión de inconstitucionalidad sin solicitud de declaración de inconstitucionalidad, en La “Rev. D.J.A.”, Mon-tevideo 1972, t. 72, ps. 67-68.

B.6. Resolución anticipada:

• BERRO ORIBE, Guido: La «resolución anticipada» del artículo 16 de la ley 13.747 / Una doble y trascendente innovación en el sistema procesal uru-guayo, en La “Rev. D.J.A.”, t. 70, ps. 34-50.
• GIANOLA MARTEGANI, Ariel: La resolución anticipada de la solicitud de declara-ción de inconstitucionalidad, en La “Rev. D.J.A.”, t. 71, ps. 77-81.

B.7. Sobre jurisprudencia:

• BAROFFIO, Eugenio V. y ZERBINO CAVAJANI, Jorge G.: La inconstitucionalidad de las leyes en la jurisprudencia nacional, en “L.J.U.”, t. III, 2, ps. 31-46.
• ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G.: Reseña de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de Derecho Público correspondiente al primer semestre de 1986, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 16-17, ps. 302-310; Reseña ... correspondiente al segundo semestre de 1986, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 22-23, ps. 307-315; Reseña ... corres-pondiente al año 1987, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 25, ps. 75-86; Reseña ... correspondiente al primer semestre de 1988, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 26, ps. 197-205; Reseña ... correspondiente al segundo semestre de 1988, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 28, ps. 421-433; Reseña ... correspondiente al año 1989, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 35, ps. 322-352; Rese-ña ... correspondiente al año 1990, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Nº 42.
• NICOLIELLO, Nelson: Los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de declaración de inconstitucionalidad, en “El Poder y su control”, Seminario realizado en la Uni-versidad Católica del Uruguay «Dámaso Antonio La-rrañaga» en agosto y setiembre de 1989, Serie Congresos y Conferencias Nº 1 de la “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Montevideo 1990, ps. 127-135.

SAYAGUÉS LASO, Enrique: Tratado de Derecho Administrativo, t. II, Montevideo 1953, p. 605. Hay sucesivas ediciones de F.C.U., puestas al día por Daniel H. Martins.

D
Acción por lesión de autonomía departamental.

ROTONDO TORNARÍA, Felipe: Acción por lesión de la autonomía municipal, en “El Poder y su control”, Serie Congresos y Conferencias Nº 1 de la “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, Montevideo 1990, ed. 1994, ps. 173-179.

Última modificación: 7 de octubre de 2002
(c) Luis M. Villaronga-Universidad Carlos III de Madrid