1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones
5. Bibliografía

1.- Modelo: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano internacional ante el que pueden presentarse, en determinadas circunstancias, denuncias de violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. Este Convenio es un tratado por el que algunos Estados europeos han acordado salvaguardar ciertos derechos fundamentales. Los derechos garantizados se hallan enumerados en dicho Convenio y en los Protocolos núms. 1, 4, 6 y 7, que algunos Estados han ratificado

3.- Regulación:

• Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (versiones en francés y en inglés)
• Tras la entrada en vigor del Convenio han sido adoptados once protocolos adicionales:
• El Protocolo núm. 2 (que autorizaba al Tribunal a dictar opiniones consultivas) se considera integrado en el Convenio, el núm. 9 (que permitió a los demandantes individuales la posibilidad de llevar su caso ante el Tribunal, con la necesaria reserva de la ratificación por el Estado demandado y de la aceptación por un Comité que actuaba como filtro) ha quedado derogado y el núm. 10 sin objeto
• Los Protocolos núms. 1, 4, 6 y 7 han añadido nuevos derechos y libertades a los consagrados inicialmente por el Convenio
• Los Protocolos núms. 3, 5, 8 y 11 son de reforma, este último ha reestructurado el mecanismo de control y los otros tres refieren a la organización de las instituciones creadas por el Convenio y al procedimiento ante ellas
• Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (versiones en francés y en inglés).

5.- Precedente: El Convenio repartía entre tres instituciones la responsabilidad del control de las obligaciobes asumidas por los Estados contratantes: la Comisión Europea de Derechos Humanos (establecida en 1954), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (instituido en 1959) y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros o sus representantes.

6.- Status del Tribunal: Tribunal internacional al que cabe acudir cuando se han agotado todos los recursos internos. No es un tribunal de apelación de tribunales nacionales y no puede anular ni modificar sus decisiones. El Tribunal tampoco puede intervenir a favor del particular ante la autoridad contra la que reclama.

7.- Composición: El Tribunal está compuesto por un número de jueces igual al número de Estados contratantes (actualmente cuarenta). No hay ninguna restricción en cuanto al número de jueces de una misma nacionalidad. Los jueces actúan en el Tribunal a título individual y no representan a ningún Estado.

8.- Mandato: Los jueces son elegidos por períodos de seis años, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, el mandato de la mitad de los jueces elegidos en la primera elección expirará en tres años, de tal modo que cada tres años se pueda renovar el mandato de la mitad de los jueces. Su mandato finaliza cuando alcanzan la edad de setenta años.

9.- Proceso de designación: Son designados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos. Los Estados Contratantes presentarán una lista de tres candidatos de los que la Asamblea Parlamentaria ha de designar uno. En caso de nuevas adhesiones se seguirá el mismo procedimiento, así como en el caso de vacantes.

11.- Cualificación de los Magistrados: Los jueces deben gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales o ser juristas de reconocida comeptencia

12.- Status de los Magistrados: No pueden ejercer ninguna actividad incompatible con sus deberes de independencia e imparcialidad o con la disponibilidad requerida por una actividad ejercida a tiempo completo

13.- Organización interna:

• El Tribunal, en pleno, elige su presidente, dos vicepresidentes y dos presidentes de sección por un período de tres años. Los dos vicepresidentes son igualmente presidentes de sección. Cada una de las cuatro secciones cuenta, asimismo, con un Vicepresidente
• La composición de las cuatro secciones, estable por tres años, debe estar equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los Estados contratantes.
• Dos secciones son presididas por los vicepresidentes del Tribunal y las otras dos por los presidentes de sección elegidos por el Tribunal. Los presidentes de sección son asistidos y, si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sección
• En el seno de cada sección se constituyen a su vez, por períodos de doce meses, comités de tres jueces. Estos comités son un elemento importante de la nueva estructura, pues efectúan una gran parte de la labor de filtraje que antes desarrollaba la Comisión
• Salas de siete miembros se constituyen dentro de cada sección, de modo rotatorio, con el presidente de la sección y el juez elegido a título del Estado en cuestión según cada caso. Cuando este juez no es miembro de la sección, actuará en la sala en calidad de miembro 'ex officio'. Los miembros de la sección que no son miembros titulares de la sala serán suplentes.
• La Gran Sala, de diecisiete jueces, se constituye por tres años. Aparte de los miembros 'ex officio' -el presidente, los vicepresidentes y el presidente de sección–, la Gran Sala se forma mediante un sistema de rotación de dos grupos, que se alternarán cada nueve meses, cuya composición tiene en cuenta el equilibrio geográfico e intenta reflejar las diferentes tradiciones legales existentes en los Estados parte

15.- Procedimiento interno de estudio de los asuntos:

• General
• Todo Estado Contratante (demanda estatal) o individuo que alegue ser víctima de una violación del Convenio (demanda individual) puede dirigir directamente al Tribunal de Estrasburgo una demanda alegando la violación, por un Estado Contratante, de alguno de los derechos garantizados por el Convenio.
• El procedimiento ante el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos es contradictorio y público. Las audiencias son públicas a menos que la sala o la Gran Sala decida lo contrario en razón de circunstancias excepcionales. Las memorias y otros documentos depositados por las partes ante la Secretaría del Tribunal son accesibles al público.
• Los demandantes individuales pueden presentar por sí mismos las demandas pero es recomendable la representación letrada, e incluso necesaria para las audiencias o una vez que la demanda ha sido declarada admisible. El Consejo de Europa ha instituido un sistema de asistencia judicial para los demandantes cuyos recursos económicos son insuficientes.
• Las lenguas oficiales del tribunal son el francés y el inglés pero las demandas pueden ser presentadas en cualquiera de las lenguas oficiales de los Estados Contratantes. Una vez que la demanda ha sido declarada admisible debe utilizarse una de las lenguas oficiales del Tribunal, a menos que el Presidente de la Sala/Gran Sala autorice a continuar empleando la lengua de la demanda
• Procedimiento relativo a la admisión
• Cada demanda individual es atribuida a una Sección, cuyo Presidente designa a un ponente. Tras un examen preliminar del asunto, el ponente decide si éste debe ser examinado por un Comité de tres miembros o por una Sala.
• Un Comité puede, por unanimidad, declarar una demanda inadmisible o archivarla cuando dicha decisión puede adoptarse sin posteriores exámenes.
• Además de los asuntos que les son atribuidos directamente por los ponentes, las Salas conocen de las demandas individuales que no han sido declaradas inadmisibles por un Comité de tres miembros, así como las demandas estatales. Las Salas se pronuncian tanto sobre la admisión como sobre el fondo de las demandas, en general en decisiones diferenciadas aunque también lo pueden hacer de forma conjunta.
• Las Salas pueden en todo momento inhibirse en favor de una Gran Sala cuando el asunto presente una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o cuando exista riesgo de contradicción con una sentencia pronunciada previamente por el Tribunal, a menos que una de las partes se oponga en el plazo de un mes desde se notifica la inhibición.
• La primera fase del procedimiento es normalmente escrita, aunque la Sala puede decidir celebrar una audiencia, en cuyo caso el fondo del asunto es igualmente evocado.
• Tomadas por mayoría, las decisiones de la Sala sobre la admisión deben ser motivadas y hechas públicas
• Procedimiento relativo al fondo
• Una vez que la Sala ha decidido admitir la demanda, puede invitar a las partes a presentar pruebas suplementarias y observaciones por escrito, incluyendo, por lo que respecta al demandante, una eventual petición de “satisfacción equitativa”, y a asistir a una audiencia pública sobre el fondo del asunto.
• El Presidente de la Sala puede, en aras de una buena administración de la justicia, invitar o autorizar a todo Estado Contratante que no sea parte en el proceso, o a toda persona interesada distinta del demandante, a presentar observaciones por escrito o, en circunstancias excepcionales, a tomar parte en la audiencia. El Estado Contratante del que es nacional el demandante puede intervenir por derecho propio en el asunto.
• Durante el procedimiento referente al fondo del asunto, se desarrollarán negociaciones tendentes a obtener un acuerdo amistoso entre las partes, con la mediación del Secretario. Estas negociaciones son confidenciales
• Resoluciones del Tribunal
• Sentencias: Las Salas deciden por mayoría de votos. Todo juez que haya tomado parte en el examen del asunto puede añadir a la sentencia su opinión particular –concordante o disidente- o bien una simple declaración de disconformidad. En el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que una Sala pronuncia la sentencia, toda parte puede solicitar que el asunto se eleve ante la Gran Sala si plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos, o una cuestión grave de carácter general. Este tipo de demandas son examinadas por un colegio de cinco jueces de la Gran Sala, compuesto por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Sección a excepción del Presidente de la Sección a la cual pertenece la Sala que dictó la sentencia, y otro juez elegido por rotación entre los jueces que no eran miembros de la Sala original. La sentencia de una Sala deviene definitiva al expirar el plazo de tres meses, o antes, si las partes declaran no tener la intención de pedir la revisión a la Gran Sala o si el colegio de cinco jueces rechaza dicha petición. Si el colegio admite la demanda, la Gran Sala tomará la decisión sobre el asunto por mayoría, mediante una sentencia que será definitiva. Todas las sentencias definitivas del Tribunal son vinculantes para los Estados defensores implicados. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el responsable de controlar la ejecución de las sentencias. Le incumbe por ello verificar si los Estados que han sido condenados por haber violado el Convenio han tomado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones, específicas o generales, derivadas de la sentencia del Tribunal.
• Opiniones consultivas: El Tribunal puede, a petición del Comité de Ministros, elaborar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y sus Protocolos. La decisión del Comité de Ministros de solicitar estas opiniones al Tribunal se toma por mayoría. Las solicitudes de opiniones consultivas son examinadas por la Gran Sala y adoptadas por mayoría de votos. Cada juez puede formular una opinión separada –concordante o disidente - o presentar una declaración de disconformidad.

16.- Competencias:

• El Tribunal es competente en todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus Protocolos.
• Todo Estado Contratante puede someter al Tribunal cualquier incumplimiento de los dipuesto en el Convenio y sus Protocolos, si considera que dicho incumplimiento es imputable a otro Estado Contratante.
• También conocerá el Tribunal de las demandas presentadas por personas físicas, ONGs o grupo de particulares que se consideren víctimas de una violación de los derechos reconocidos en el Convenio y sus Protocolos por parte de un Estado Contratante.

A partir de 1980, el creciente aumento del número de casos llevados ante los órganos del Convenio hizo enormemente difícil mantener la duración de los procedimientos dentro de unos límites aceptables. El problema se agravó con la adhesión de nuevos Estados Contratantes a partir de 1990.

Mientras que en 1981 el número de casos registrados fue de 404, la Comisión registró, en 1993, 2037 casos y, en 1997, 4750 casos. El numero de expedientes no registrados o provisionales se elevaba en este mismo año 1997 a más de 12000. Las estadísticas del Tribunal muestran una evolución similar: 7 asuntos presentados en 1981, 52 en 1993 y 119 en 1997.

El Tribunal ofrece a través de su página web datos estadísticos (versión en inglés).

DIRECCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES

21.- Publicaciones:
Las decisiones del Tribunal pueden consultarse en inglés o francés a través de la página web del Tribunal.

23.- Página web: http://www.echr.coe.int

24.- Dirección: European Court of Human Rights
                                         Council of Europe
                                    F - 67075 Strasbourg-Cedex

25.- Teléfono: 33 (0)3 88 41 20 18

26.- Fax:   33 (0)3 88 41 27 30

27.- Correo electrónico:

BIBLIOGRAFÍA

28.- Bibliografía básica:

• Miguel J. AGUDO ZAMORA: “Eficacia interna y ejecutoriedad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en VV.AA.: Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico. Madrid, Tecnos, 1997.
• Marc-André EISSEN: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Madrid, Civitas, 1985.
• Carlos FERNÁNDEZ CASADEVANTE: La aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos  en España: análisis de la jurisprudencia constitucional (1980-1988). Madrid, Tecnos, 1988.
• Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: “La significación general del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, núm. 5 (1993).
• Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Enrique LINDE, Luis ORTEGA y Miguel SÁNCHEZ MORÓN: El sistema europeo de protección de los derechos humanos. Madrid, Civitas, 1983.
• Pablo PÉREZ TREMPS: “Las garantías constitucionales y la jurisdicción internacional en la protección de los derechos fundamentales”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, núm. 10 (1992).
• Juan Luis REQUEJO PAGÉS: “La articulación de las jurisdicciones internacional, constitucional y ordinaria en la defensa de los derechos fundamentales (A propósito de la STC 245/91, «caso Bultó»)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 35 (1992).
• Alejandro SAIZ ARNAIZ: La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos : el artículo 10.2 de la Constitución Española, Madrid : Consejo General del Poder Judicial , 1999.

Alberto SORIA JIMÉNEZ: “La problemática ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Análisis de la STC 245/1991. Asunto Barberá, Messegué y Jabardo)”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 36 (1992).



Cómo citar esta página

Última modificación: 7 de octubre de 2002
(c) A. Cánova González/Universidad Carlos III de Madrid