1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones
5. Bibliografía

1.- Modelo: La actual Corte de Constitucionalidad surge como un Tribunal permanente, de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y que actúa como Tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado

2.- Órgano que cierra el sistema:  Corte de Constitucionalidad

3.- Regulación:

• Constitución de 1985. Arts. 268 a 272
• Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente

5.- Precedente: La Corte de Constitucionalidad de Guatemala surgió con la Constitución de 1965, donde se creó un tribunal no permanente, que se integraba por 12 magistrados, incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidía, 4 magistrados de la misma y los 7 restantes por sorteo global que practicaba la Corte Suprema entre los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo Contencioso Administrativo.  Este fue el primer intento de un tribunal constitucional especializado en Guatemala, y se reguló de conformidad con la Constitución vigente y el Decreto 8 de la Asamblea Nacional Constituyente.  Sus funciones se reducían exclusivamente a conocer ocasionalmente del “Recurso de inconstitucionalidad” y a declarar por la mayoría de 8 de sus miembros la inconstitucionalidad de las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contenían vicio parcial o total de inconstitucionalidad, pero excluía toda otra intervención respecto al amparo directo, el conocimiento en apelación de esta acción, de la apelación de inconstitucionalidad en casos concretos y de otras materias.  No existía acción popular para el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad y el mismo estaba revestido de una serie de excesivos formalismos que no permitieron su eficacia. Este órgano, al pertenecer a uno de los órganos del Estado, no poseía la independencia necesaria para conocer de inconstitucionalidades  relacionadas con distintos entes estatales

6.- Status del Tribunal: Órgano independiente, permanente y que ejerce sus comeptencias en jurisdicción privativa, exclusiva

7.- Composición: De conformidad con el artículo 269 de la Constitución, se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales posee su respectivo suplente

8.- Mandato: Los magistrados durarán en sus funciones 5 años, y la Presidencia de la Corte se ejerce por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en períodos de un año, comenzando por el de mayor edad, y siguiendo en orden descendente de edades

9.- Proceso de designación: Son designados de la siguiente forma

• Un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia
• Un magistrado por el pleno del Congreso de la República
• Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros
• Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala
• Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados

11.- Cualificación de los Magistrados: Las personas que son designados magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben poseer dentro de sus cualidades personales, el ser de reconocida honorabilidad, poseer por lo menos quince años de graduación profesional, ser abogado colegiado y guatemalteco de origen (artículo 270 de la Constitución)

12.- Status de los Magistrados: Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

13.- Organización interna: La Corte de Constitucionalidad posee una organización interna ordenada por la Presidencia, la cual no se encuentra expresamente establecida en sus leyes internas, lo que permite su variación en las diferentes Presidencias

• El Pleno de la Corte, que se conforma con los 5 magistrados titulares, es el órgano más alto de la Corte, precede el Presidente de la Corte, quien es la autoridad administrativa responsable de estos aspectos.  Los Magistrados suplentes integran la Corte en caso de ser llamados para ello, y para resolver los asuntos en que se requiere el conocimiento de siete magistrados, o en el caso de que alguno de ellos se haya excusado. La Presidencia posee un letrado y dos Secretarias
• El  Secretario General es el encargado de dirigir la tramitación de los asuntos hasta que se hayan en estado de resolver.  Dentro de la Secretaría laboran cinco oficiales que resuelven y cinco notificadores, así como un Receptor de Documentos y el personal secretarial necesario para su funcionamiento
• La Sección de Resultas:  En este departamento se preparan resúmenes de los hechos de los expedientes, cuenta con un jefe, un subjefe y varios oficiales, que son estudiantes de derecho de los últimos grados que ayudan a redactar la síntesis de los procesos
• La Sección de Magistratura:  Cada Magistratura se integra con el magistrado titular, el suplente, tres abogados asesores de medio tiempo y una secretaria
• Dentro de las restantes unidades que conforman la Corte existe la Sección de Jurisprudencia y Gaceta, la cual posee la responsabilidad de recopilar las sentencias de la Corte y editar la publicación trimestral que las contiene.  Asimismo, debido a que la Jurisprudencia de la Corte se forma con tres fallos que reiteren un mismo criterio en casos similares e ininterrumpidos, también aquí se clasifican los fallos para determinar si existe o no jurisprudencia.  Este departamento depende directamente de la Presidencia
• El Director Financiero se encarga de las cuentas de la Institución, depende directamente de la Presidencia, y dentro del departamento existe también una auditoría interna
• Existe un Director Administrativo, el cual tiene a su  cargo los restantes departamentos de la Corte, tales como la Biblioteca, Informática, Recursos Humanos, Mantenimiento, en cada uno de los cuales existe un responsable, y los auxiliares necesarios

15.- Procedimiento interno de estudio de los asuntos: Las acciones se presentan en la Secretaría General, donde son admitidas para su trámite, notificando a los sujetos procesales, y asignándose en forma rotativa a cada uno de los magistrados para que elaboren la ponencia.  Dependiendo del tipo de asunto se asigna a cada magistrado, llevándose un orden diferente para acciones de inconstitucionalidad, amparos en única instancia, apelaciones de sentencias de amparo, inconstitucionalidades en caso concreto y otros.  Al finalizar el trámite se trasladan los expedientes a la Sección de Resultas para que allí elaboren el resumen de los hechos del proceso.  Una vez concluido el mismo se envía con el magistrado ponente, quien con uno de sus letrados elabora el proyecto en definitiva. Al hallarse elaborada la ponencia se traslada a la Presidencia para que sea convocada a decisión y una vez aprobada se elabora la sentencia, notificándolos y archivando oportunamente los expedientes

COMPETENCIAS

16.- Competencias: La actual Corte, en la forma en que se encuentra estructurada, posee competencia para conocer de una gran cantidad de acciones, todas ellas tendentes a mantener el orden constitucional

• En cuanto al control de constitucionalidad
• Acción directa de inconstitucionalidad: control concentrado, a posteriori, cuyas sentencias poseen efectos "erga omnes", destinado a controlar la constitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general
• En cuanto a la legitimación
• Existe acción popular: el procedimiento puede interponerse por cualquier persona únicamente exponiendo sus argumentos y actuando con el auxilio de tres abogados.  En consecuencia, el accionante no requiere estar investido de un interés jurídico diferenciado legítimo, lo que sí era necesario acreditar en esta acción durante la vigencia de la anterior Constitución de 1965
• De conformidad con el artículo 134 de la Ley de Amparo precitada, están legitimados para ejercer la acción
• La Junta directiva del Colegio de Abogados  actuando a través de su Presidente
• El Ministerio Público, a través del Fiscal General de la República
• El Procurador de los Derechos Humanos en  contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia
• Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos
• No se establece nada respecto de la facultad de este Tribunal de conocer de oficio de acciones de inconstitucionalidad general cuando se evidencie su inconstitucionalidad.  Sin embargo, a este respecto cabe mencionar que la actual Corte de Constitucionalidad innovó su jurisprudencia con la interpretación de que puede conocer de oficio procesos de inconstitucionalidad, situación que se produjo el 25 de mayo de 1993, cuando el entonces Presidente de la República de Guatemala emitió un Decreto denominado "Normas Temporales de Gobierno", en el cual se removía a titulares de los Organismos del Estado, entre ellos del Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Procurador de Derechos Humanos y de la Corte de Constitucionalidad. Asimismo se suspendía la vigencia de una serie de normas constitucionales.  La Corte de Constitucionalidad, procedió de oficio a analizarlas y declararlas inconstitucionales, ordenando la publicación de esa sentencia en el Diario Oficial.  Para actuar de oficio ese Tribunal Constitucional se basó en que, de conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República, su función esencial era la defensa del orden constitucional y debido a que con la emisión de las mencionadas normas temporales se estaba afectando gravemente ese orden constitucional, ya que se disponía de facto dejar en suspenso más de cuarenta artículos constitucionales, se justificaba su actuación de oficio para conocer de un decreto que, además de afectar la norma suprema, producía efectos frente a la totalidad de la población.  Se consideró también que, de conformidad con los artículos 272, inciso i) de la Constitución y 163 inciso i) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dentro de las funciones de la Corte de Constitucionalidad está la de (conocer directamente de las impugnaciones contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas de inconstitucionalidad y actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia, situación que se producía al lesionar flagrantemente el orden constitucional, desintegrar sus órganos y suspender la vigencia de derechos constitucionales.  En consecuencia, en Guatemala no puede tenerse como un principio absoluto que rija el proceso de inconstitucionalidad el dispositivo, en lo que se refiere a la necesidad de instancia de parte para provocar la actividad jurisdiccional
• No existe límite temporal, para el planteamiento de la acción.  En cualquier tiempo puede cuestionarse la validez de una norma por contrariar el texto constitucional. Asimismo, se han considerado casos de inconstitucionalidades sobrevenidas, es decir de normas vigentes previo a la entrada en vigor del texto constitucional, pero que por ser incompatibles con la norma suprema se han eliminado del ordenamiento jurídico, tal el caso del delito de adulterio, el cual se encontraba contenido en el Código Penal  vigente, emitido en el año de 1973, el cual regulaba la citada figura delictiva únicamente para la mujer casada y no para el hombre casado.  Esta norma y otras fueron declaradas inconstitucionales en forma sobrevenida
• Inconstitucionalidades en casos concretos:  Según lo establecido en los artículos 272 inciso d) de la Constitución, y 163 inciso d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte tiene competencia para: "Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos contemplados por la ley de la materia"
• En este caso no existe acción popular, y los únicos legitimados para plantear la inconstitucionalidad son las partes en el caso concreto. Por disposición legal es necesario e imprescindible acreditar interés jurídico en el asunto
• Los efectos de la resolución de la acción son únicamente inter partes, y la sentencia estimatoria ocasiona la inaplicabilidad de la norma a un proceso determinado por considerar que contraría la Constitución
• No se eliminan las normas del ordenamiento jurídico
• Competencia en materia de amparo:  La Corte de Constitucionalidad, de conformidad con los artículos 272 inciso b) de la Constitución y 163 inciso b) de la Ley de la materia posee competencia para “Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República.” El amparo se encuentra regulado en los artículos 265 de la Constitución Política de la República y  8o. de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
• El ámbito del amparo es bastante amplio al permitirse que se promueva contra las leyes, disposiciones, resoluciones y actos de autoridad que lesionen derechos constitucionalmente reconocidos; además, cumple un doble objeto: uno preventivo, ya que procede contra la "amenaza de violación", es decir,  aunque no se haya producido un hecho concreto que haya lesionado un derecho constitucionalmente protegido; y otro reparador, ya que procede para "restaurar el imperio de los mismos" (de los derechos) cuando la violación haya ocurrido, restableciendo al afectado en la situación jurídica quebrantada
• Puede promoverse contra el poder público y sus entidades descentralizadas o autónomas, como también contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes, cuando se trate de evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Dentro del sistema jurídico guatemalteco no existe ningún acto de autoridad que pueda escapar al control constitucional que ejerce la Corte de Constitucionalidad, ya que ésta posee competencia para conocer de las decisiones de cualquier órgano del Estado y de sus entidades
• La acción de amparo en Guatemala se encuentra revestida de una serie de principios rectores, entre los que pueden mencionarse
• Iniciativa o instancia de parte. El amparo no se acciona oficiosamente. Es indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí mismo o por mandatario. En ningún caso, durante los 14 años de justicia constitucional ejercidos por la Corte de Constitucionalidad como tribunal independiente se ha iniciado una acción de amparo de oficio
• Existencia de agravio personal y directo. Es personal porque debe concretarse específicamente en alguien, no ser abstracto, y es directo porque debe haberse producido, estarse ejecutando o ser de realización inminente.  En este caso no existe acción popular y el amparo debe ser solicitado por la persona a quien directamente afecta.  Las únicas excepciones se presentan en el caso de la promoción de amparos por parte del Procurador de Derechos Humanos, a quien se le ha considerado representante de los intereses difusos de la colectividad y como tal ha podido ejercer acciones de amparo en las cuales se beneficia a toda la colectividad
• Definitividad del acto reclamado.  Como el amparo es un medio de defensa extraordinario, no un recurso, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. En la legislación guatemalteca,  pueden señalarse como excepciones a este principio el hecho de que el accionante no haya sido emplazado legalmente en el juicio del que proviene el acto reclamado, o cuando el postulante no ha sido parte en este proceso
• Amparos bi-instanciales [inciso c) del artículo 272 de la Constitución y el artículo 163 inciso c) de la Ley de la materia]: Los amparos bi-instanciales que se tramitan ante los juzgados de Primera Instancia del orden común, las Salas de la Corte de Apelaciones, la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, pueden ser apelados, conociendo la Corte de Constitucionalidad en segundo grado.   No sólo la resolución final del amparo es apelable, lo son también los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional; los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios y los autos que pongan fin al proceso. Al conocer en cualquier caso de la apelación, la Corte tendrá facultades para confirmar, revocar o modificar lo resuelto por el Tribunal de primer grado, y en caso de revocación o modificación hará el pronunciamiento que en derecho corresponde.  La resolución que emita la Corte de Constitucionalidad no es susceptible de impugnarse a través de ningún recurso y contra ella únicamente procede aclaración o ampliación
• Competencia respecto de opiniones consultivas [Capítulo Cinco de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, (artículos 171 al 177)]: podrán solicitar opiniones de la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia.  En la solicitud se deberán expresar las razones que la motivan y contener las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Corte, la que tiene sesenta días para emitir su opinión, fundamentando en forma clara y precisa sus conclusiones y el apoyo jurídico y doctrinario de las mismas.  Las opiniones serán pronunciadas en audiencia pública solemne, con citación del órgano o personas solicitantes, así como de cualesquiera otras personas que el tribunal estime pertinente convocar. Todas las opiniones serán publicadas en el Diario Oficial dentro de tercero día de haber sido pronunciadas en audiencia pública
• Opiniones consultivas sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley [artículos 272 inciso e) de la Constitución y 163 inciso e) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad]:  esta opinión ha sido poco solicitada a la Corte de Constitucionalidad, respecto de Convenios fue el referente al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", en el que el Congreso de la República requirió a la Corte que se pronunciara sobre la constitucionalidad de las normas que conforman el citado Convenio a efecto de ratificarlo posteriormente.  Esta facultad de solicitar opinión respecto de proyectos de ley, por parte del Organismo Legislativo, se encuentra contenida en el artículo 164 inciso b) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
• Opiniones sobre la constitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad [inciso h) del artículo 272 de la Constitución y artículo 163 inciso h) de la Ley de la materia]:dentro del trámite de formación y sanción de leyes, se encuentra regulada la facultad del ejecutivo de vetar las leyes dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros. Si el fundamento del veto por parte del Ejecutivo se basara en que a criterio de éste adolece de inconstitucionalidad la ley, puede solicitarse a la Corte que emita su opinión a ese respecto.  En este momento se le da intervención a la Corte de Constitucionalidad para que emita su opinión de un proyecto de ley, por lo que se utiliza aquí también un sistema de control previo de la Constitucionalidad de las leyes, ya que éste se realiza antes de la entrada en vigor de la ley, incluso previo a la conclusión de los trámites para su aprobación y sanción
• Opiniones y actuaciones en asuntos de su competencia [inciso i) del artículo 272 de la Constitución y el artículo 163 inciso i) de la Ley de la materia]: faculta a la Corte de Constitucionalidad para actuar o intervenir en las situaciones en las que se halle amenazado el orden constitucional, o real y efectivamente haya sido quebrantado el mismo; así, podrá emitir opiniones, dictámenes y resoluciones en los asuntos de su competencia, en aras de mantener la preeminencia de la Constitución. De conformidad con la competencia que se le confiere a la Corte en este inciso se emitió la sentencia del 25 de mayo de 1993, en la cual la Corte declaró inconstitucional el Decreto emitido por el entonces Presidente de la República Jorge Antonio Serrano Elías, denominado "Normas Temporales de Gobierno", ya que con él se pretendía suspender la vigencia de más de cuarenta artículos del texto constitucional, y que se ha mencionado con anterioridad
• Dudas de competencia [ inciso f) del artículo 272 de la Constitución y el artículo 163 inciso f) de la Ley de la materia]: la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal en materia constitucional, tiene competencia para resolver los conflictos existentes en el caso específico y para determinar quién es el facultado para conocer de un asunto de naturaleza constitucional, así como para variar la competencia asignada al respecto a los diferentes tribunales de la jurisdicción ordinaria.  En la actualidad se presentan dudas ante los tribunales que conocen de acciones en materia constitucional, respecto de quién es el competente para conocer de un determinado asunto, por lo que los expedientes se remiten a la Corte de Constitucionalidad para que ésta resuelva la duda de competencia. La Corte procede a resolver con base en los incisos precitados y en el artículo 15 de la ley de la materia, que prevé:  "...Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad, determinará sin formar artículo el Tribunal que debe conocer.  En este caso, el Tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudare de su competencia, de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad dentro de las cuatro horas siguientes a la interposición indicando la autoridad impugnada y la duda de competencia de ese Tribunal. La Corte de Constitucionalidad resolverá dentro de veinticuatro horas y comunicará lo resuelto en la forma más rápida"
• Conflictos de Jurisdicción y competencia.  Se han producido problemas con tribunales superiores de la jurisdicción ordinaria que han pretendido variar su competencia en materia constitucional, asignándola a otros de ellos; por lo que la Corte ha intervenido en ejercicio de sus facultades solucionando el conflicto. La facultad de la Corte de asignar competencia a otros órganos jurisdiccionales se encuentra desarrollada en el inciso precitado y el artículo 16 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que señala: "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Corte de Constitucionalidad podrá modificar la competencia de los diversos Tribunales mediante auto acordado que comunicará por medio de oficio circular, debiendo además ordenar su publicación en el Diario Oficial..." La competencia establecido en el artículo 11, es decir, la asignada a la Corte de Constitucionalidad no podrá ser modificada.  De conformidad con los artículos constitucionales precitados y las normas de la ley de la materia relacionadas, la Corte de Constitucionalidad posee amplias facultades  para variar la competencia de los tribunales en lo que respecta a materia constitucional, así como para dirimir los conflictos que entre éstos surjan, sea en casos concretos o en casos generales. De conformidad con el artículo 164, inciso c), de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad la Corte de Constitucionalidad tiene dentro de sus funciones el dirimir cualquier conflicto entre los organismos o entidades autónomas del Estado, a efecto de determinar quién es el competente para conocer de un asunto en un caso determinado
• Competencia para emitir dictámenes sobre la reforma a las leyes constitucionales [inciso a) del artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad]: dentro del trámite establecido para la reforma a una ley constitucional se establece que previamente a su aprobación debe contarse con el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad respecto de la reforma
• Competencia de la corte para presentar iniciativa de reforma constitucional (artículo 277 de la Constitución). El ordenamiento jurídico guatemalteco es bastante amplio en cuanto a la legitimación activa para la solicitud de reformas a la Constitución, ya que ésta puede provenir de diferentes sectores del gobierno e incluso de la población.  No todos los sistemas jurídicos confieren iniciativa al Tribunal Constitucional para proponer reformas a la Constitución, sin embargo es conveniente su inclusión ya que a través de la revisión o enmienda se adecúa el texto constitucional a la realidad existente en un momento determinado, convirtiéndose el procedimiento de reforma en un medio de defensa del orden consitucional, puesto que a través de este proceso se evita que se modifique o suspenda su vigencia por métodos extrajurídicos; y siendo la función esencial de la Corte de Constitucionalidad la defensa del orden constitucional, también podría establecer en un momento determinado la necesidad de una revisión de la Constitución, al considerar que una de sus normas no es aplicable o resulta necesaria su modificación y que de no hacerlo por los procedimientos legalmente establecidos podría dar lugar a su alteración por las vías de hecho, que vendría a poner en peligro el Estado de derecho, por lo que en aras de mantener la vigencia de la norma suprema se encontraría legitimada para solicitar las reformas a la misma. Desde la creación de la actual Corte por la Constitución de 1985 no se ha presentado por ésta ninguna solicitud de reforma a la Constitución
• Competencia reglamentaria de la corte de constitucionalidad (artículo 165 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad):  la Corte ha emitido varios reglamentos sobre su organización y funcionamiento y regulando el ejercicio de las acciones ante la propia Corte, así emitió el Acuerdo 7-88 sobre la Celebración de Vistas Públicas, el Acuerdo 3-89, en el que se consideró lo relativo a la ausencia temporal o definitiva del Presidente, de alguno de los Magistrados titulares y del Secretario, así como lo relativo a la remuneración de los Magistrados suplentes, y se señalaron los casos en los que la Corte se integra con siete Magistrados.  Se emitió el Acuerdo 4-89 por el que se regularon aspectos referentes a ciertos requisitos y formalidades dentro de la tramitación del amparo, la inconstitucionalidad en casos concretos y en casos generales.  También se emitió el Acuerdo 19-89 que aprobó el "Régimen de Servicio Civil y de Clases Pasivas de la Corte de Constitucionalidad.  El último Acuerdo, que ha aprobado la Corte, es el 10-2003, relativo a la forma de suplir las ausencias temporales de los Magistrados. Mediante este se dispone que, de ahora en adelante, toda ausencia temporal e inhibitoria debe suplirse por sorteo realizado en la presencia de todos los Magistrados. De esta manera la Corte puede emitir las disposiciones reglamentarias que considere pertinentes para su mejor organización y funcionamiento

17. Asuntos que ingresan cada año: La Corte de Constitucionalidad ha editado una publicación denominada Justicia Constitucional en Gráficas, la cual abarca de 1986 a 1998, no incluyéndose únicamente dos años de sus funciones, por lo que la misma es bastante ilustrativa, y de la cual se pueden extraer algunos datos relevantes

19.- Tiempo medio de resolución de los asuntos: Actualmente no existe una cifra oficial a la fecha, sin embargo, en el texto Justicia Constitucional del Licenciado Mynor Pinto Acevedo, editado en 1995, se indica que el promedio de duración de un amparo es de 3.4 meses.  No se ha determinado en la actualidad en forma oficial ni respecto de otro tipo de asuntos.

DIRECCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES

20.- Biblioteca: La Corte de Constitucionalidad cuenta con una biblioteca ubicada en el Segundo Nivel del Edificio, posee aproximadamente un 85% de bibliografía en materia constitucional, la cual se compone de casi 500 textos. Además un número de 1400 tesis de graduación en su mayoría de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las diferentes Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala.  Los Diarios Oficiales se encuentran debidamente ordenados de 1955 a la fecha. Se recibe periódicamente la publicación de sentencias del Tribunal Constitucional Español.  La biblioteca brinda consulta al público en general

21.- Publicaciones:

• La Corte edita trimestralmente la Gaceta Jurisprudencial, la que de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad deberá contener íntegramente todas las sentencias que dicte en materia de competencia, y las opiniones que le corresponda evacuar conforme a la ley. También se podrá incluir en la misma, trabajos relacionados con los asuntos jurídicos de su competencia que estime dignos de su publicación
• Se publica también un repertorio jurisprudencial, el cual contiene la síntesis de las sentencias que se dictan en el citado tribunal, se transcriben las interpretaciones plasmadas en cada caso, indicando la norma constitucional o legal a que se refieren y el tema que se analizó.  Estos textos contienen índices analítico y legal para permitirle al usuario localizar los fallos en los cuales se ha interpretado una norma o un tema
• También se ha editado periódicamente a partir de 1996 una Constitución Política de la República, que a continuación del artículo transcribe la interpretación que la Corte le ha dado al mismo.  Es de mucha utilidad para jueces y magistrados, así como para abogados litigantes y estudiantes de derecho

• Se posee una red en la Corte, la cual cuenta con la totalidad de gacetas publicadas  en el sistema.  Actualmente se han editado 55 Gacetas Jurisprudenciales que abarcan hasta marzo del año 2000, y las mismas están contenidas en una base de datos diseñada de tal forma que permite búsquedas rápidas respecto de sujeto activo, número de expediente, y otros tópicos exactos, así como búsquedas libres
• Se ha editado también un disco compacto hasta septiembre de 1999, que contiene las Gacetas de la 1 a 53
• Existe también un sistema de control de expedientes que permite determinar el estado actual de los proceso en trámite, todos los funcionarios de la Corte poseen acceso al mismo

24.- Dirección:

11 avenida 9-37, zona 1
Ciudad Guatemala

230-2914
230-4292
230-4764

27.- Correo electrónico:cconsgua@concyt.gob.gt

BIBLIOGRAFÍA

28.- Bibliografía básica: La bibliografía básica para la redacción de este informe ha sido

• Constitución Política de la República de Guatemala, de 1985 reformada en 1993
• Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente
• Pinto Acevedo, Mynor. Jurisdicción Constitucional.  Editorial Serviprensa, Guatemala.  1995
• López Mijangos, Rubén Homero.  La Justicia Constitucional Guatemalteca en Gráficas, a los doce años de Justicia Constitucional.  1986 a 1998. Guatemala, 1998
• Gacetas Jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad.  1 a 55

Última modificación: 7 de octubre de 2002
(c) Aylín Ordóñez Reyna-Universidad Carlos III de Madrid