1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones
5. Bibliografía

1.- Modelo: Modelo mixto. En Colombia el sistema de protección de la Constitución se sirve de mecanismos propios de los modelos concentrado (austríaco) y difuso (norteamericano)

2.- Órgano que cierra el sistema:  Corte Constitucional

3.- Regulación:

• Constitución Política de Colombia Título II (De los derechos, las garantías y los deberes), Capítulo 4 (De la protección y aplicación de los derechos), artículo 86 ( De la ación de tutela) ; Título VII (De la Rama Judicial), Capítulo 3 (De la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo), art. 236 a 238 ; Título VII (De la Rama Judicial), Capítulo 4 (De la jurisdicción Constitucional), arts. 239 a 245 (De la Corte Constitucional).
• Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (LEAJ).
• Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución.
• Decreto 2067 de 1991, que consagra el régimen procedimental de los juicios y actuaciones ante la Corte Constitucional.
• Acuerdo Nº5/92, que consagra el reglamento de la Corte. (Diario oficial 40633 de octubre 21 de 1992).
• Código Contencioso Administrativo que establece, entre otras cosas, el régimen procedimental de los juicios de nulidad por inconstitucionalidad, de los actos administrativos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

5.- Precedente: En la Constitución de 1810 (la primera luego de la fundación de la República) se adoptó un sistema semi-judicial de control de constitucionalidad de las leyes. Posteriormente, la Constitución de 1886, vigente hasta 1991, diseño un sistema de control concentrado de constitucionalidad

6.- Status del Tribunal: Según dispone la Constitución Política, la Corte Constitucional tiene la función de mantener la integridad de la Constitución. La misma norma inscribe a la Corte dentro de la estructura de la rama judicial del poder público (CPC, Título VII (De la Rama Judicial), Capítulo 4 (De la jurisdicción Constitucional), arts. 239 a 245).  Es un órgano de creación constitucional, sujeto a lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, con autonomía presupuestal y administrativa relativa

7.- Composición: La Corte está integrada por el número impar de magistrados que establezca la ley.  La LEAJ fijó en 9 el número de Magistrados de la Corporación

8.- Mandato: Los Magistrados de la Corte Constitucional, son elegidos para periodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso

9.- Proceso de designación: Los 9 magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de 8 años, de ternas que le presenten, 3 el Presidente de la República, 3 la Corte Suprema de Justicia y 3 el Consejo de Estado (CPC art. 239 ; LEAJ art. 44 ; Ley 5ª de 1992, art. 317)

10.- Elementos no reglados de la selección:

11.- Cualificación de los Magistrados: Para ser Magistrado de la Corte Constitucional se requiere, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser abogado; haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. No es requisito pertenecer a la carrera judicial. No podrá ser elegido Magistrado quien hubiere sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos (CPC. Art. 232) ; o, quien, durante el año anterior a la elección, se haya desempeñado como Ministro del Despacho del Presidente de la República o Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado (CPC arts. 240)

12.- Status de los Magistrados: Los Magistrados tienen el mismo status de los más altos funcionarios judiciales de la república. Son independientes e inamovibles, mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso (CPC art. 233). Los magistrados de la Corte Constitucional son penal y disciplinariamente responsables. Sin embargo, gozan de un fuero especial. En efecto, las quejas contra estos funcionarios deben ser formuladas ante la Cámara de Representantes quien decide si acusa o no al correspondiente funcionario ante el Senado de la República. Si prospera la acusación por indignidad el juez será el Senado de la República. Sin embargo, si surge la sospecha de la comisión de un delito, el Senado deberá dar traslado a la Corte Suprema de Justicia

13.- Organización interna: Presidente, Vicepresidente, Sala Plena, Salas de Tutela (o de Revisión) y Salas de Selección

• Los miembros de la Corte eligen al Presidente de la Corporación para el periodo que los mismos magistrados establezcan. Regularmente, cada Presidente se elige para un periodo de un año. El Presidente es el encargado de coordinar las funciones internas de la Corporación y de asumir su representación externa. Preside las sesiones de la Sala Plena y define el orden del día. No tiene voto cualificado. La Sala Plena elige a un Vicepresidente para que, durante el mismo término que el Presidente, asuma, en ausencia de este, sus funciones
• Sala Plena: corresponde a la reunión de todos los magistrados en un sólo cuerpo con capacidad para adoptar la gran mayoría de las decisiones adjudicadas a la Corporación
• Salas de Revisión: Las sentencias de revisión de las decisiones judiciales proferidas con ocasión de una acción de tutela, se adoptan en alguna de las nueve Salas de Revisión o Salas de Tutela. Cada uno de los nueve Magistrados preside una de las salas y la integra con los dos que le siguen en orden alfabético. Sin embargo, las decisiones que cambian la jurisprudencia o las que, por su importancia, la Sala Plena decide asumir, se profieren por la Sala Plena de la Corporación
• Sala de Selección : las Salas de Selección se integran mensualmente y se componen de dos Magistrados encargados de seleccionar las decisiones judiciales de tutela que la Corte habrá de revisar

• Secretaría General: es el órgano que se encarga de la organización administrativa interna de la Corte, así como de las relaciones funcionales con las personas y entidades concernidas en los procesos que se surten ante la Corporación
• Magistrados Auxiliares: cada magistrado tiene dos magistrados auxiliares personales que lo asisten en el desarrollo de sus funciones, adscritos a su despacho, de libe nombramiento y remoción de la Sala Plena de las Corporación
• Abogado Asistente de Sala Plena: asiste a los magistrados que están encargados de proyectar las llamadas sentencias de reiteración de jurisprudencia, las que serán decididas en la Sala de Tutela Presidida por el Magistrado encargado de la reiteración
• Existen otros órganos auxiliares como el gabinete de presidencia, las relatorías (de constitucionalidad y tutela), la oficina de sistemas, la biblioteca y la sección administrativa.  Estos órganos dependen de Presidencia y en algunos aspectos de la Secretaría General

• Los asuntos relativos al control de constitucionalidad se reparten en la Sala Plena a uno de los nueve magistrados quien define si la correspondiente demanda debe ser admitida, inadmitida para corrección o rechazada. Luego de la admisión de la demanda de constitucionalidad o de un asunto que sea objeto de control automático, continúa el trámite interno establecido en el Decreto 2067 de 1991, que consagra el régimen procedimental de los juicios y actuaciones ante la Corte Constitucional
• En cuanto se refiere al control eventual de las sentencias de tutela proferidas por los jueces de instancia, la respectiva Sala de Selección, que se compone mensualmente por dos magistrados diferentes según el orden alfabético, realiza la selección de las decisiones a revisar, las que se reparten equitativamente entre los diferentes despachos
• Según el artículo 242 de la Constitución, los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones
• cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública
• el Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos
• las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto
• de ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto
• en los procesos de constitucionalidad de los decretos legislativos - proferidos para declarar y desarrollar los estados de excepción -, los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley

16.- Competencias:

• Control de los actos reformatorios de la Constitución. Los actos reformatorios de la Constitución pueden ser objeto del control de constitucionalidad, siempre que sean demandados a través de la acción pública de inconstitucionalidad y sólo por vicios de procedimiento en su formación
• Control sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Dichas normas se encuentran sometidas a control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. En consecuencia, el Presidente debe remitir a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley que aprueba el tratado internacional, el texto de la ley y del tratado, con el fin de que se examine su constitucionalidad. Tanto el Procurador General de la Nación como los ciudadanos interesados pueden impugnar o defender la constitucionalidad del tratado
• Control formal y material de las leyes de la república, así como de los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno en tiempos de paz. Esta competencia se ejerce de diversas maneras
• Control previo por objeciones presidenciales: el Presidente puede objetar por razones de inconstitucionalidad, total o parcialmente, un proyecto de ley. Si ello llegare a ocurrir y las Cámaras insistieran en la constitucionalidad de las disposiciones objetadas, las mismas irán a la Corte Constitucional para que decida definitivamente sobre la cuestión debatida. Si la Corte niega las objeciones, el presidente deberá sancionar la ley; en caso contrario, se archivará el proyecto
• Control previo y automático de los proyectos de ley estatutaria aprobados por el Congreso: las leyes estatutarias se distinguen de las leyes ordinarias por la materia que regulan y por el trámite especial al que se encuentran sometidas. El trámite de aprobación de este tipo de leyes incluye la revisión previa e integral por parte de la Corte Constitucional (Decreto 2067 de 1991 y sentencia C-011 de 1994)
• Control posterior de las leyes: la acción de constitucionalidad. La acción de constitucionalidad tiene por objeto el control de constitucionalidad de las leyes y de los decretos con fuerza de ley, tanto por vicios de fondo como por irregularidades procesales en su formación. Se trata de una acción pública, ciudadana, de origen constitucional (CPC art. 40-6), que puede ser interpuesta en cualquier tiempo, por cualquier ciudadano, siempre que no esté temporalmente privado de los derechos políticos en virtud de una sentencia penal. Es un proceso público en el que pueden participar, no sólo los funcionarios concernidos, sino cualquier ciudadano. Adicionalmente, la Constitución establece la participación obligatoria del Procurador General de la Nación. La Corporación puede decretar y practicar pruebas así como convocar a audiencia publica para esclarecer asuntos relacionados con el proceso en cuestión.  Según la Constitución, la acción de constitucionalidad por vicios de procedimiento en la formación de una ley, caduca en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto (CPC, art. 242-3). A juicio de la Corte,  los vicios que se producen por falta de competencia del respectivo órgano para expedir el acto cuestionado constituyen vicios materiales y no de forma (Sentencia C-546/93). Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto (CPC art. 241)
• Control previo y automático de constitucionalidad de los decretos legislativos o de excepción. La Corte debe decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los estados de excepción. Al día siguiente de su expedición, el gobierno deberá remitir a la Corte Constitucional los decretos legislativos que profiera en ejercicio de las mencionadas facultades. De no hacerlo, la Corte aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento (C.P. art., 214-6).  El control de constitucionalidad de estos decretos es integral  - respecto de toda la constitución -. Tiene como objeto tanto el decreto que declara el estado de excepción, como aquellos que lo desarrollan. Adicionalmente, el control se ejerce no sólo sobre aspectos formales de los mencionados decretos - firma de los ministros, etc -, sino, sobre el contenido material de los mismos - que comprende la relación de causalidad, conexidad y proporcionalidad, entre las medidas adoptadas y la situación invocada para declarar el estado de excepción - (Corte Constitucional, sentencias C-300/94 y C-466/95)
• Control de Constitucionalidad de otro tipo de decisiones públicas. Compete a la Corte Constitucional decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes (CPC art. 170), consultas populares (CPC art. 104) y plebiscitos del orden nacional (CPC art. 379) pero sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización (CPC art. 379). Tiene también la Competencia para decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación
• Protección de los derechos fundamentales (control concreto): acción de tutela. Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede para reclamar, ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados. La tutela puede enderezarse contra cualquier autoridad pública o contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión (Decreto 2591 de 1991, art. 42). Esta acción sólo procederá si el afectado no dispone de otro medio idóneo y eficaz de protección de sus derechos. El procedimiento de la tutela debe ser preferente y sumario. La protección judicial consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. La acción de tutela puede interponerse ante cualquier juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde hubiere ocurrido la violación o amenaza del derecho fundamental. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución (C.P. art., 86). Dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo de primera instancia, la parte afectada puede impugnar la respectiva decisión. El juez de segunda instancia está obligado a resolver dentro de los veinte días siguientes al día de recibo del respectivo expediente. Todas las sentencias de tutela de segunda instancia o aquellas de primera instancia que no fueron impugnadas, se envían a la Corte Constitucional para su revisión eventual. La Corte procede, de manera libre, discrecional y autónoma, a seleccionar las sentencias que habrá de revisar y a regresar los restantes expedientes a los despachos de origen. Una vez seleccionado el correspondiente expediente, la Corte dispone de tres meses para producir el respectivo fallo. La Corte cuenta con amplias facultades para decretar y practicar pruebas. Adicionalmente, tiene la facultad de definir la doctrina constitucional. En este sentido, la Corporación ha señalado que si bien las sentencias de revisión en las que se precisa el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, “si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad” (Corte Constitucional, sentencia C-037/96)
• Compete a la Corte, decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. Según el artículo 137 de la Carta, cualquier comisión permanente del Senado o la Cámara de Representantes, podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante
• Darse su propio reglamento. En ejercicio de esta facultad la Corte expidió el Acuerdo Nº5/92, que consagra el reglamento de la Corte. (Diario oficial 40633 de octubre 21 de 1992)

17. Asuntos que ingresan cada año:
 

. ASUNTOS INGRESADOS
Año	AT(1)	ETR(2)	ETR/AT(3)
1992	10732	590	5.50%
1993	20181	450	2.23%
1994	26715	400	1.50%
1995	29950	542	1.81%
1996	31248	903	2.89%
1997	33663	1073	3.19%
1998	38248	1373	3.59%
1999	90248	1413	1.57%
2000	131765	10997	8.35%
2001	133273	2094	1.57%
2002	141609(4)	ND(5)	ND
1. AT: Acciones de Tutela presentadas en todo el país.    2. ETR: Expedientes de tutela seleccionados para revisión.    3. ETR/AT : Indica el porcentaje de sentencias revisadas por la Corte Constitucional respecto del total de acciones de tutela presentadas en todo el país. Cálculo del investigador.   4. Las estadísticas correspondientes al año 2002 no son oficiales. Los datos han sido obtenidos contrastando los libros radicadores de la Corte Constitucional.    5. ND : Dato no disponible

Gráfico 1 : Este gráfico muestra el incremento en el volúmen de sentencias de tutela  falladas en todo el país y lo contrasta con la cantidad de providencias revisadas por la Corte Constitucional.

2 : Este segundo gráfico indica el histórico porcentual de sentencias revisadas respecto del total de acciones presentadas en todo el país.

18.- Asuntos que se resuelven cada año:
 

ASUNTOS RESUELTOS
Año	ACF(6)	FTR(7)	SC(8)	ST(9)	%SC(10)	%ST(11)
1992	69	590	53	182	22.55%	75.45%
1993	238	450	204	394	34.11%	65.89%
1994	253	400	222	360	38.14%	61.86%
1995	257	542	227	403	36.03%	63.97%
1996	381	903	348	370	48.47%	51.53%
1997	341	1073	304	376	44.71%	55.29%
1998	271	1373	240	565	29.81%	70.19%
1999	330	1413	288	705	29.00%	71.00%
2000	436	10997	394	1340	22.72%	77.28%
2001	390	1118	368	976	27.38%	72.62%
2002	ND	ND	341	784	30.31%	69.69%
TOTAL	3266	18859	2989	6455	31.65%	68.35%
6. Asuntos de Constitucionalidad Fallados  7. Fallos de tutela revisados  8. Sentencias de Constitucionalidad  9. Sentencias de Tutela 10. Porcentaje de Sentencias de constitucionalidad sobre el total de las sentencias producidas.  11. Porcentaje de Sentencias de tutela sobre el total de las sentencias producidas

Gráfico 3 : Se señala aquí, para cada uno de los años de trabajo de la Corte Constitucional, la proporción de fallos derivados de revisión de tutelas y de acciones públicas de constitucionalidad.
 

RESOLUCIONES DICTADAS QUE PONEN FIN A ASUNTOS
Año	SENTENCIAS
1992	615
1993	598
1994	580
1995	624
1996	717
1997	680
1998	805
1999	993
2000	1734
2001	1344
2002	1125
TOTAL	9444

Gráfico 4 : Indica, para el periodo 1992-2002, el porcentaje de sentencias de revisión de tutelas y de sentencias originadas en acciones públicas de constitucionalidad.

19.- Tiempo medio de resolución de los asuntos: La Corte cumple cuidadosamente con los términos de ley. En consecuencia, puede afirmarse que los asuntos relativos al control de constitucionalidad pueden llegar a tardar, máximo, seis meses antes de la adopción de la respectiva decisión. Los asuntos de tutela, ordinariamente, se resuelven en un término de tres meses. No obstante, en algunos casos excepcionales en los cuales la Corte solicita pruebas o cuando la decisión debe ser adoptada por la Sala Plena de la Corporación, el término ordinario puede llegar a duplicarse
* Las estadísticas correspondientes al año 2002, han sido elaboradas por Catalina Botero Armin Satler con base en los datos consagrados en los libros radicadores de la Corte Constitucional.  Las corespondientes a los demás años corresponden al informe oficial de la Relatoría de la Corte Constitucional

DIRECCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES

20.- Biblioteca: Existe una biblioteca situada en la sede de la Corte, de más de tres mil  títulos, además de revistas nacionales y extranjeras (150 aprox.)  y bases de datos. La colección global puede alcanzar los doce mil ejemplares

21.- Publicaciones:

• Las sentencias de la Corte Constitucional se publican en la Gaceta de la Corte Constitucional, editada mensualmente - con retraso - por la imprenta nacional.
• La editorial Doctrina Vigente pública mensualmente una revista en la que incluye los textos completos de algunas de las sentencias recientes, así como extractos de las providencias más relevantes y bases de datos con las normas citadas en las providencias sobre tutela. Anualmente publica el resumen de la totalidad de las sentencias de la Corte (Anuario de Tutela y Anuario de Constitucionalidad) y los respectivos índices y bases de datos. Adicionalmente ha publicado una Constitución Política comentada que contiene referencias a la jurisprudencia sobre la Constitución Política desde 1991 hasta 1994, así como concordancias con todas las leyes sancionadas por el Congreso de la República desde 1992 hasta diciembre de 1994.
• La Editorial Legis Editores SA, pública periódicamente las revistas Jurisprudencia y Doctrina y Legislación Económica, en las que se suele incluir el texto completo de las sentencias recientes más relevantes de la Corte Constitucional. Adicionalmente, en 1993 publicó una Constitución Política Comentada, la que actualiza periódicamente con referencias doctrinales, legales y jurisprudenciales

23.- Página web: http://www.ramajudicial.gov.co

24.- Dirección:

Calle 12 # 7-65
Palacio de Justicia, Corte Constitucional
Bogotá
COLOMBIA

26.- Fax: 57-1-33668-22

27.- Correo electrónico: No existe un correo electrónico institucional. Sin embargo, cada Magistrado y Magistrado auxiliar tiene una dirección electrónica que puede ser consultada en el Directorio Electrónico

BIBLIOGRAFÍA

28.- Bibliografía básica:

• CABALLERO S., Gaspar y ANZOLA G., Marcela. Teoría Constitucional.  Ed. Temis, Santafe de Bogotá, 1995.
• CIFUENTES Eduardo, La Jurisdicción Constitucional en Colombia, Ed., * Madrid, España
• DUEÑAS R., Oscar.  Acción y Procedimiento en la Tutela. Ediciones Librería del Profesional. Santafe de Bogotá, 1998
• REY C., Ernesto.  Introducción al Derecho Procesal Constitucional.  Controles de Constitucionalidad y legalidad.   Ed.  Universidad Libre.  Cali, 1994

Última modificación: 7 de octubre de 2002
(c) C. Botero-Universidad Carlos III de Madrid