1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones

1.- Modelo: Tribunal único sobre la materia

2.- Órgano que cierra el sistema: Corte Interamericana de Derechos Humanos, único órgano jurisdiccional en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos

3.- Regulación:

• La Corte Interamericana tiene como su mandato la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
• La Convención Americana tiene a la fecha dos protocolos adicionales
• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, fue suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, durante el Décimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Este Protocolo entró en vigor con el depósito del instrumento de ratificación del mismo por parte de Costa Rica el 16 de noviembre de 1999. Hasta el presente ha sido firmado por 18 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela) y ratificado por 12 (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay)
• El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, fue suscrito en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. Según el mismo Protocolo lo dispone, en vigor para cada Estado que lo ratifique. A la fecha, 8 Estados lo han firmado (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y ocho han depositado el instrumento de ratificación (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela)
• Otras normas
• Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (En vigor desde el 1 de mayo de 2001)
• Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
• Reglamento de la Corte Interamericano de Derechos Humanos (En vigor desde el 1 de junio de 2001)

• En noviembre de 1969 se llevó a cabo la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica. En ésta los delegados de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (en adelante la OEA) redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA la fecha, los siguientes Estados americanos han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana el 26 de mayo de 1998. De acuerdo con el artículo 78 de la misma Convención, dicha denuncia entró en vigor el 26 de mayo de 1999.
• El Tribunal, sin embargo, no pudo establecerse y organizarse sino hasta que entró en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró durante los días 29 y 30 de junio de 1979, en la sede de la OEA en Washington, D.C..
• El 1 de julio de 1978 la Asamblea General de la OEA recomendó la aprobación del ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.
• El Estatuto de la Corte fue aprobado durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Reglamento, el cual contiene las normas de procedimiento que rigen su actividad. Luego de varias modificaciones, el 1 de enero de 1997 entró en vigor el Reglamento vigente de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte. El 25 de noviembre de 2000 dicho Reglamento fue modificado y éste entrará en vigor el 1 de junio de 2001.
• El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, el que fue aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983. Este Convenio, que prevé el regimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezca ante ella, está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte y, en especial, tiene en cuenta la necesaria protección que se debe brindar a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste donó a la Corte la casa que hoy ocupa.
• El 30 de julio de 1980, por su parte, la Corte Interamericana y el Gobierno de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6528 del 28 de octubre de 1980, por el cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Este Convenio establece el Instituto como una entidad internacional autónoma de naturaleza académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El Instituto, que tiene su sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

6.- Status del Tribunal: La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Su objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un tribunal establecido por la mencionada Convención, con el propósito primordial de resolver los casos que se someten de supuestas violaciones de aquellos derechos humanos protegidos por ella

7.- Composición:

• De conformidad con los artículos 52 a 54 de la Convención Americana, los artículos del 4 al 8 del Estatuto y los artículos 16 y 17 del Reglamento de este Tribunal, se establece que la Corte se compone de 7 jueces
• La actual composición de la Corte es la siguiente: Antônio A. Cançado Trindade (Brasil), Presidente; Máximo Pacheco Gómez (Chile); Hernán Salgado Pesantes (Ecuador); Oliver Jackman (Barbados); Alirio Abreu Burelli (Venezuela); Sergio García Ramírez (México); y Carlos Vicente de Roux Rengifo (Colombia). El Secretario de la Corte es Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica) y el Secretario adjunto es Pablo Saavedra Alessandri (Chile).

9.- Proceso de designación: Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

10.- Elementos no reglados de la selección:

11.- Cualificación de los Magistrados: Han de ser nacionales de los Estados miembros de la Organización y elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

12.- Status de los Magistrados:

• El artículo 70 de la Convención y el artículo 15 del Estatuto de la Corte disponen que los jueces de la Corte gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional.
• Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. En razón de lo anterior, no podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.
• Asimismo, la Corte en sí y su personal gozan de las inmunidades y privilegios previstos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos de 15 de mayo de 1949, con las equivalencias correspondientes, habida cuenta de la importancia e independencia de la Corte.

14.- Órganos auxiliares:

• De acuerdo con el artículo 14 del Estatuto la Secretaría de la Corte, órgano permanente, funciona bajo la inmediata autoridad del Secretario, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA, en lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. El Secretario es nombrado por la Corte y es un funcionario de confianza de la misma, de dedicación exclusiva, quien tiene su oficina en la sede y debe asistir a las reuniones que la Corte celebre fuera de la misma. Asimismo hay un Secretario Adjunto que auxilia al Secretario en sus labores y lo sustituye en sus ausencias temporales.
• El personal de la Secretaría es nombrado por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Actualmente el Tribunal cuenta con tres abogados.

COMPETENCIAS

16.- Competencias:

• El Estatuto otorga a la Corte funciones jurisdiccionales y consultivas. Las primeras se refieren a la resolución de conflictos (competencia contenciosa) y a la adopción de medidas provisionales. La segunda se refiere a la emisión de opiniones sobre asuntos planteados ante la Corte por Estados miembros u órganos de la OEA
• Función Contenciosa La función contenciosa de la Corte se ejerce a través de la resolución de casos en los que se alegue que uno de los Estados Partes ha violado la Convención. De acuerdo con ésta, la Corte puede conocer casos que sean presentados por un Estado Parte o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, con los cambios en el Reglamento de la Corte, que entraron en vigor el 1 de junio de 2001, la presunta víctima y los familiares o sus representantes tienen participación autónoma en el proceso ante la Corte, luego de la aceptación de la demanda por parte del Presidente de la misma. Norma que se complementa con el artículo 44 de la Convención Americana que establece que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la OEA, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violaciones de la Convención por un Estado Parte. En relación con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, la Corte dictó el 13 de marzo de 2001 una Resolución sobre Disposiciones Transitorias al Reglamento de la Corte.  La Comisión conoce primero acerca de la admisibilidad de la queja. Si ésta es admisible, una vez comprobados los hechos a que se refiere, se buscará, si ésta considera oportuno, una solución amistosa. De no alcanzarse ésta, la Comisión redactará un informe que contendrá los hechos y sus conclusiones. Este informe se envía de manera confidencial al Estado interesado. Finalizado este trámite, este caso puede ser sometido a consideración de la Corte, la cual tiene autoridad para disponer que se garantice al lesionado el goce del derecho conculcado y el pago de una justa indemnización si ello fuera procedente. Para tal efecto el procedimiento ante la Corte se compone de varias etapas: la fase de excepciones preliminares, fase de fondo, fase de reparaciones y fase de supervisión de cumplimiento. El fallo emitido por la Corte, en cualquiera de sus fases, es definitivo e inapelable (artículo 68 de la Convención). En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquier de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. La competencia contenciosa de la Corte es obligatoria para aquellos Estados Partes que la acepten para un caso concreto o bien que hayan hecho una declaración general en este sentido. En cuanto a este último supuesto, los siguientes 22 Estados han hecho esta declaración: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
• Medidas provisionales El artículo 63.2 de la Convención Americana otorga a la Corte Interamericana la facultad de tomar las medidas provisionales que considere pertinentes "[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas". Estas medidas pueden adoptarse en casos que estén en conocimiento de la Corte, o bien en asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento. En este último supuesto es necesario que exista una solicitud de la Comisión Interamericana en este sentido.  El 29 de agosto de 2001, la Corte dictó una Resolución sobre Medidas Provisionales en relación con la participación de los beneficiarios de las medidas provisionales en casos que se encuentran en trámite ante ella.
• Función consultiva De acuerdo con el artículo 64 de la Convención, los Estados Miembros y los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, en lo que les compete, pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados en lo relativo a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La competencia consultiva también faculta a la Corte a emitir, a solicitud de un Estado, opiniones acerca de la compatibilidad ante cualquiera de sus leyes internas y la Convención u otros tratados sobre derechos humanos

17 y 18.- Asuntos que ingresan y se resuelven cada año: Gráficos sobre:

• Asuntos en trámite ante la Corte;
• Estado actual de dichos asuntos
• Promedio de duración de las etapas ante la Corte

19.- Tiempo medio de resolución de los asuntos:

• Actualmente, en los casos ante la Corte, un promedio de 54 meses transcurre entre la presentación de la demanda y la emisión de la sentencia sobre reparaciones del caso, con excepción de los casos en los cuales se produce finalización anticipada del proceso
• Respecto de los procedimientos consultivos, su duración promedio ante la Corte ha sido de diez meses. Ordinariamente, las solicitudes de opiniones consultivas se refieren a asuntos excepcionalmente delicados del sistema interamericano de protección de los derechos humanos
• En lo que atañe a las medidas provisionales éstas se mantienen activas mientras se mantenga la situación de gravedad y urgencia que pueda afectar la vida y/o la integridad de los beneficiarios de las mismas. Cuando el Tribunal las adopta no sólo impone al Estado la obligación de tomar ciertas acciones, sino también la de informar periódicamente acerca de ellas. Asimismo, impone a la Comisión Interamericana la obligación de presentar sus observaciones sobre estos informes. Consecuentemente, esta práctica exige al Tribunal reservar uno o dos días de cada sesión al estudio de estos informes periódicos

20.- Biblioteca: Fue fundada en el año 1981. El 17 de enero de 1995 la Corte y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos firmaron un acuerdo según el cual la Biblioteca es propiedad común e indivisible de ambas instituciones. Actualmente la colección que resguarda es producto de obras recibidas en calidad de donación y de otras compradas por parte de las dos instituciones. El objetivo general de la biblioteca es fortalecer y actualizar su acervo bibliográfico para que se constituya en un eje de la política informática de la Corte y el Instituto y así poder evacuar todas las consultas que realicen los jueces, abogados, investigadores y público en general, tanto a nivel nacional como internacional. Su acervo bibliográfico se acerca a los diecisiete mil volúmenes, y está especializada en Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional y Derecho Político. La colección de publicaciones periódicas consta de doscientos setenta y un títulos sobre estos temas. La Biblioteca cuenta además con toda la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, así como de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Es además depositaria de toda la documentación de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas en el campo de los Derechos Humanos

21.- Publicaciones: Las publicaciones oficiales de la Corte se publican en idiomas español e inglés y se encuentran disponibles para los interesados en la sede de la misma. Las publicaciones de la Corte se dividen en cuatro series

• Serie A: Fallos y Opiniones (Opiniones consultivas)
• Serie B: Memorias, Argumentos Orales y Documentos (Opiniones Consultivas)
• Serie C: Resoluciones y sentencias (Casos Contenciosos)
• Serie D: Memorias, Argumentos Orales y Documentos (Casos Contenciosos)
• Serie E: Medidas Provisionales

• Préstamos a Sala
• Consultas especializadas
• Consultas por vía de teléfono, facsímil y correo electrónico
• Elaboración de bibliografías especializadas
• Fotocopiado
• Boletines de alerta
• Préstamos interbibliotecarios
• Canjes

24.- Dirección:

Apartado 6906-1000
San José
Costa Rica

26.- Fax: (506) 234-0584

27.- Correo electrónico: corteidh@sol.racsa.co.cr

Última modificación:3 de febrero de 2003
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