1. Aspectos normativos y orgánicos
2. Competencias
3. Datos cuantitativos
4. Dirección y otras informaciones
5. Bibliografía

1.- Modelo: El control de la constitucionalidad de la ley está asignado a dos órganos. Por una parte, y de manera preventiva, el Tribunal Constitucional conoce obligatoriamente de la constitucionalidad de la ley  orgánica constitucional y de la ley interpretativa de la Constitución, Además, puede conocer de los conflictos de constitucionalidad suscitados durante la tramitación de leyes comunes, de reforma constitucional y de quórum calificado, tratados internacionales y decretos con fuerza de ley. Por la otra, vigente la ley, la Corte Suprema de Justicia, está facultada a declararla inaplicable con efectos limitados a un proceso concreto.

2.- Órgano que cierra el sistema: No hay propiamente un órgano que cierre el sistema ni que tenga la última palabra en la interpretación de la Constitución. Con todo, cuando el Tribunal resuelve que un precepto legal determinado es constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia. El Tribunal Constitucional no conoce de impugnaciones contra leyes vigentes.

3.- Regulación:
 

• Constitución política de la República de Chile, de 21 de octubre de 1980. Capítulos VI y VII, arts. 73 a 83
• Ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, núm. 17.997, de 12 de mayo de 1981
• Autos acordados del Tribunal Constitucional
• Acuerdo de 26 de mayo de 1981 para la elección de presidente y fijar el horario de sesiones ordinarias
• Autos acordados de 26 de mayo de 1981 y 12 de enero de 1982 sobre remuneración de sus integrantes
• Auto acordado de 12 de enero de 1982 sobre funcionamiento del tribunal
• Auto acordado de 4 de mayo de 1982 sobre procedimiento ante el tribunal
• Auto acordado de 26 de abril de 1989 sobre régimen provisional de sus miembros
• Código orgánico de tribunales. Capítulo VI  (La Corte Suprema) arts. 93 a 107
• Auto Acordado de la Corte Suprema de 22 de marzo de 1932 sobre substanciación del recurso de inaplicabilidad de la leyes

5.- Precedente: En la Constitución de 1925 se introdujo un recurso judicial ante la Corte Suprema para declarar "inaplicables" preceptos legales en un juicio determinado; no existió un Tribunal Constitucional hasta la reforma constitucional de 1970, que sólo funcionó hasta 1973. Se trataba este último, también de un órgano cuyas funciones eran fundamentalmente preventivas en el control constitucional de la ley. Tenía cinco miembros.

6.- Status del Tribunal:

• El Tribunal Constitucional  es un órgano constitucional, un órgano del Estado, autónomo e independiente de otra autoridad o poder. El Tribunal posee autonomía reglamentaria interna y también autonomía presupuestaria relativa. El Tribunal negocia su presupuesto con el Ministro de Hacienda.  Sus miembros tienen el tratamiento de señores Ministros y gozan de inmunidad relativa
• La Corte Suprema es el tribunal superior de la jurisdicción ordinaria y sus integrantes reciben el tratamiento de señores Ministros, gozando de inmunidad relativa.

• El Tribunal Constitucional tiene 7 miembros. Para suplir las ausencias, el Pleno designa 5 "abogados integrantes", que han de reunir las condiciones para ser nombrado por el Consejo de Seguridad Nacional, que integran el Tribunal cuando falta el 'quorum' necesario para sesionar, sin que puedan constituir mayoría, hasta que cese el impedimento grave que provoca esa suplencia
• La Corte Suprema tiene 21 ministros. 16 de ellos deben ser jueces de carrera y 5 abogados con quince años de título, amén de otras exigencias cualitativas,  “extraños a la administración de justicia”.

• Del Tribunal Constitucional: 8 años en sus cargos, pueden ser reelegidos indefinidamente, se renuevan por parcialidades cada 4 años y cesan al cumplir 75 años. Los ministros de la Corte Suprema cesarán también en sus cargos si dejan de serlo por cualquier causa. En caso de cese, se procederá a su reemplazo por la autoridad que le hubiera designado por el tiempo que falte al reemplazado para completar su período
• De la Corte Suprema: Permanecen, como el resto de los jueces, en sus cargos hasta que cumplan 75 años de edad, salvo que renuncien, estén afectados por incapacidad legal sobreviniente o sean depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su período.

• Del Tribunal Constitucional:
• 3 ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas
• 4 abogados, designados
• 2 por el Consejo de Seguridad Nacional
• 1 por el Presidente de la República
• 1 por el Senado, por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio
• De la Corte Suprema: Los ministros de carrera son nombrados por el Presidente de la República de entre una nómina de cinco personas propuestas por la misma Corte y con acuerdo del Senado, que requiere mayoría de dos tercios. Si el Senado no aprueba la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Cuando se trate de los miembros extraños al poder judicial la quina se conforma por la Corte Suprema, previo concurso público.

11.- Cualificación de los Magistrados:

• Del Tribunal Constitucional: Los abogados deberán tener por lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública y no podrán tener impedimento alguno que les inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los designados por el Presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional deberán ser personas que sean o hayan sido abogados integrantes de la Corte Suprema por al menos 3 años consecutivos
• De la Corte Suprema:
• 5 deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, con al menos 15 años de título, destacados en la actividad profesional o universitaria. La nómina se formará previo concurso público de antecedentes
• En los restantes supuestos, la Corte Suprema formará la nómina exclusivamente con integrantes del Poder Judicial; deberá ocupar un lugar en ella el ministro más antiguo de Corte de Apelaciones que figure en lista de méritos, los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos

• Del Tribunal Constitucional: Son inamovibles. Los abogados no pueden desempeñar ningún otro cargo público, aunque sí actividades privadas. Los ministros de la Corte Suprema desempeñan simultáneamente ambos cargos
• De la Corte Suprema: Son inamovibles y tienen, como el resto de los jueces, reglas especiales de inmunidad. No podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley (disposición que también se aplica a los miembros del Tribunal Constitucional).

• El Tribunal Constitucional funciona únicamente en pleno, que también es el órgano decisorio en materia de gestión administrativa interna. También elige a su presidente por mayoría simple por 2 años, pudiendo ser reelegido por otro periodo, que representa al Tribunal y ejerce ciertas funciones administrativas y procesales
• La Corte Suprema cuenta con varias salas especializadas, pero del recurso o acción de inaplicabilidad entiende el pleno.

15.- Procedimiento interno de estudio de los asuntos:

• Tribunal Constitucional: El quórum para sesionar será de cinco miembros. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría. Los asuntos se resuelven por orden de antigüedad.
• Control preventivo preceptivo: oída la relación, elaborada por un relator abogado  -cargo de la planta del Tribunal-  éste resuelve sin que estén previstos alegatos (si durante el debate parlamentario se suscitó la constitucionalidad de la ley, los antecedentes deben ser remitidos al Tribunal por el presidente de la cámara). Si el proyecto se declara constitucional, el fallo no requiere fundamentación
• Control preventivo facultativo: sólo se admite si la cuestión se ha suscitado durante el trámite parlamentario, pudiendo presentar alegaciones los órganos constitucionales. El fallo siempre ha de estar fundado.
• Corte Suprema: Para sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, adoptando sus decisiones por mayoría.

II.- COMPETENCIAS

16.- Competencias:

• Del Tribunal Constitucional
• Control previo de constitucionalidad
• De las leyes orgánicas constitucionales y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, con carácter preceptivo: la Cámara de origen debe enviar al Tribunal Constitucional antes de su promulgación el proyecto.
• De proyectos de ley o de reforma constitucional y de tratados sometidos a la aprobación del Congreso, con carácter facultativo: pueden plantear estas cuestiones el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, antes de su promulgación. El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10 días por motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República
• Control de constitucionalidad de diversos tipos de decretos
• Decretos con fuerza de ley (a posteriori). El requerimiento corresponde al Presidente de la República dentro del plazo de 10 días siguiente al rechazo de la Contraloría General de la República y a cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional; este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley
• Decreto de convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. La cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados en un plazo de 10 días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. El Tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente
• Reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo, promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional. La cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiere el reclamo promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta
• Decretos o resoluciones del Presidente de la República (previo) que la Contraloría haya representado por estimarlos inconstitucionales, cuando sea requerido por el Presidente
• Decretos supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley. Sólo podrá conocer a requerimiento de cualquiera de las Cámaras, efectuado dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado
• Procedimiento contencioso político institucional: le corresponde declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos, así como la responsabilidad de las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad. Hay acción pública, salvo que la persona afectada fuere el Presidente de la República, caso en el que el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros. De recaer una declaración en este supuesto, requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos
• Resolver las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de parlamentarios y ministros. Hay acción pública en relación a estos últimos, pero sólo podrá pronunciarse a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios respecto a los parlamentarios. El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando se refieran a ministros o conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario
• Informar al Senado sobre la inhabilidad del Presidente de la República y calificar los motivos de su renuncia, a requerimiento de la Cámara de Diputados o de la cuarta parte de sus miembros. El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos
• De la Corte Suprema: declarar la inaplicabilidad de los preceptos legales inconsistentes con la Consitución, para un caso particular, a petición de parte (recurso) o de oficio (acción), siempre que se suscite con ocasión de una gestión ante éste o cualquier otro tribunal, en cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento. La Corte Suprema ha fallado que los tribunales del fondo, también, están facultados para conocer de las cuestiones relativas a la inconstitucionalidad sobrevenida, que ella denomina derogación tácita.

III.- DATOS CUANTITATIVOS

17.- Asuntos que ingresan cada año: No existen datos oficiales al respecto (puntos 17,18 y 19). No obstante, se cuenta con algunos estudios realizados por instituciones privadas, relativos al recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

El cuadro que sigue da cuenta de los ingresos de recursos de inaplicabilidad en el período 1990 a 1996.
 

INGRESADOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	TOTAL
Enero	3	2	5	7	2	7	6	0	32
Febrero	0	3	0	0	2	0	1	0	6
Marzo	0	3	5	7	5	10	0	7	37
Abril	0	8	9	8	9	4	4	0	42
Mayo	0	3	1	7	5	43	2	0	61
Junio	1	1	24	7	8	1	5	0	47
Julio	1	8	52	7	8	4	5	0	85
Agosto	1	2	28	3	2	10	1	0	47
Septiembre	6	4	10	5	11	3	1	0	40
Octubre	8	5	23	5	16	6	1	0	64
Noviembre	1	4	19	4	3	3	1	0	35
Diciembre	4	7	6	2	10	4	1	0	34
TOTAL	25	50	182	62	81	95	35	0	530

18.- Asuntos que se resuelven cada año:

Recurso de Inaplicabilidad. El cuadro siguiente, muestra el número de causas falladas anualmente desagregadas por mes en que se pronuncian (1990-1997).
 

FALLADOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	TOTAL
Enero	1	1	2	2	3	3	48	6	66
Febrero	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Marzo	0	1	1	0	3	12	63	2	82
Abril	0	0	5	4	2	1	11	0	23
Mayo	0	0	0	25	8	0	6	0	39
Junio	0	0	3	5	9	4	2	0	23
Julio	0	2	9	2	115	5	9	0	142
Agosto	2	0	4	4	4	7	5	0	23
Septiembre	1	1	5	28	7	3	5	0	50
Octubre	0	0	1	1	7	4	13	0	26
Noviembre	0	3	2	2	7	7	7	0	28
Diciembre	0	2	4	5	2	1	9	0	23
TOTAL	4	10	36	78	167	47	179	9	530

19.- Tiempo medio de resolución de los asuntos:

 La demora en resolver los recursos de inaplicabilidad es un factor importante que considera cualquier actor para entablarla (es un costo). El cuadro siguiente mide la demora en meses desde que el recurso ingresó en la Corte Suprema hasta el fallo definitivo de la causa –contra el cual no proceden sino recursos de perfeccionamiento formal del fallo.
 
 

Meses	TOTAL
0 a 3	39
3 a 6	41
6 a 9	51
9 a 12	73
12 a 15	57
15 a 18	48
18 a 21	43
21 a 24	88
24 a 27	46
27 a 30	17
30 a 33	13
33 a 36	2
36 y más	12

El siguiente cuadro tiene un valor complementario al anterior porque explicita o cruza la duración con el modo de término del recurso. De ello se advierte que los acogidos los son preferentemente entre 12 y 15 meses. Asimismo, los rechazados tienen una zona más extensa de duración que va de un año a casi tres años. Los inadmisibles tienen su máxima intensidad entre uno y dos años.
 

MESES	RECHA- ZADO	DESIS- TIDO	INADMI- SIBLE.	ARCHI- VADO	ACOGI- DO	NO PROCEDE	CONCU- RRASE ANTE QUIEN CORRESP.	PROCESO  ABANDO- NADO	OTRO	SIN RESP.	TOTAL
0-3	0	5	29	2	0	1	1	0	0	1	39
3-6	8	14	15	3	0	0	0	0	0	1	41
6-9	13	4	7	26	0	0	0	0	0	1	51
9-12	15	0	10	44	4	0	0	0	0	0	73
12-15	14	2	12	21	7	0	0	0	1	0	57
15-18	4	1	17	24	1	0	0	1	0	0	48
18-21	5	1	8	28	1	0	0	0	0	0	43
21-24	4	0	4	80	0	0	0	0	0	0	88
24-27	7	7	7	24	1	0	0	0	0	0	46
27--30	8	3	3	3	0	0	0	0	0	0	17
30-33	2	1	2	8	0	0	0	0	0	0	13
33-36	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
36- ...	0	1	4	6	1	0	0	0	0	0	12
TOTAL	80	39	119	270	15	1	1	1	1	3	530

 Por último, para evaluar el funcionamiento del recurso es importante consolidar las cifras anteriores en un análisis de gestión. El siguiente cuadro pone en evidencia tales antecedentes.
 

AÑOS 1	ATRASOS (A)	INGRESOS (B)	FALLOS (C)	PENDIEN TES (B-C)	DILACION (A-C)	DILACION ACUMULADA B-C/C	FACTOR DE GESTION B/C
1989	33	27	13	14	2.54	107.7%	2.08
1990	47	26	4	22	11.75	150.0%	6.50
1991	69	50	10	40	6.90	400.0%	5.00
1992	109	184	36	148	3.03	411.1%	5.11
1993	257	67	78	-11	3.29	-14.1%	0.86
1994	246	88	167	-79	1.47	-47.3%	0.53
1995	167	106	47	59	3.55	125.0%	2.26
1996	226	56	179	-123	1.26	-68.7%	0.31
1997	103

[ 1. Años, se refiere al año calendario y no al año judicial. Atraso (A), refleja los valores netos acumulados de causas pendientes de todos los años (ello no quiere decir que estén las causas  pendientes porque la Corte no las ha resuelto, hay muchos factores que puede influir en ello y no todos imputables al tipo de trabajo del tribunal -por ejemplo, si la causa no es notificada por las partes, figura como "atraso", aunque no se ha movido por la parte que lo ingresó-). Este dato se ha obtenido del modelo realizado por nosotros y ha sido cruzado con los datos que reconoce la propia Corte Suprema en el discurso inaugural del año judicial respectivo. Ingresos (B), refleja el número total de ingresos anuales de inaplicabilidad reconocidos en el discurso inaugural del presidente de la Corte Suprema y doblemente chequeados (la razón del chequeo es simple, la cifra que arroja los discursos inaugurales refleja también otros "reclamos" que no son inaplicabilidades); por  una parte, con un registro de todas las causas ingresa-das según acredita el "libro de ingresos" de la Corte Suprema (cifra que no coincide con la que las propia Corte dice -en el discurso inaugural- que han ingresa-do). Todas las cifras afirman cuestiones distintas (y no necesa-riamente contradic-torias). Fallos (C), refleja el número de fallos que efectivamente se han dictado en la Corte. La cifra ha sido obtenida del modelo que hemos elaborado, en consecuencia, ha sido tomada directa-men-te de todos los expedien-tes de inaplicabilidad fallados que se encuentran en el archivo de la Corte Suprema y ha sido chequeada tanto con los dirsursos inaugura-les, con el libro de ingresos y con el libro de fallos. A pesar de que las cifras no son del todo coincidentes, mantienen un alto nivel de cercanía, que no tiene mucho objeto relatar aquí porque no indice en las cifras generales. Pendientes (B-C), refleja la resta entre los ingresos y los fallos de un año determinado; ello grafica la incidencia del trabajo anual en el trabajo acumulado. Factor de gestión (B partido por C), es un índice que permite detectar cómo trabaja la Corte, midiendo la relación que se expresa entre los ingresos partidos por los fallos (por cada causa ingresada cuánto se falla). ]

Del cuadro se puede inferir que el retraso resulta un factor importante que influye en el ritmo de trabajo (ver factor de gestión). El año 89 comienza el deterioro de su trabajo ya que de cada dos causas ingresadas una es fallada. El deterioro de la gestión se vuelve insostenible pues el 90 de cada 6,5 causas que ingresan una es fallada, el 91 fallan de cada 5 una, cuestión que vuelve a suceder en 92. A partir de ese año, la Corte incrementa su trabajo para cubrir atrasos, pero a pesar del incremento substancial de los fallos entre 1993 y 1996 (en algunos casos, como el 96, llega a ser numéricamente diez veces superior al del 89) el trabajo de la Corte es insufi-ciente para dar cuenta del crecimiento del atraso y de los nuevos ingresos.

Ahora bien, si a las cifras de gestión que hemos analizado más arriba se les excluyen las causas que terminaron ya sea por archívese o por desistimientos –en ambas casos no hay una resolución jurisdiccional de la Corte- el panorama de la gestión cambia ostensiblemente y se advierte, con mayor claridad, la incidencia, el año 1992, de la reforma introducida por la propia Corte Suprema al recurso de protección ( transformó los alegatos en segundo instancia en una verdadera excepción). El siguiente cuadro ejemplifica justamente eso.
 

AÑOS 1	ATRASOS (A)	INGRESOS (B)	FALLOS (C)	PENDIEN TES (B-C)	DILACION (A-C)	DILACION ACUMULADA B-C/C	FACTOR DE GESTION B/C
1989	33	27	13	14	2.54	107.7%	2.08
1990	47	13	2	11	23.50	550.0%	6.50
1991	58	29	4	25	14.50	625.0%	7.25
1992	83	57	22	35	3.77	159.0%	2.59
1993	118	39	58	-19	2.03	-32.8%	0.67
1994	99	36	43	-7	2.30	-16.3%	0.84
1995	92	28	43	-15	2.14	34.9%	0.65
1996	77	19	46	-27	1.67	-58.7%	0.41
1997	50

En este caso, desde el año 1992 en adelante la Corte mejora notablemente su eficiencia o gestión revirtiendo positivamente sus índices jurisdiccionales.

[ Fuente: Gastón Gómez B. “El recurso de inaplicabilidad”. Informes de Investigación del Centro de Investigación de la Universidad Diego Portales. Número 4 Año 1. Nov. 1999]

IV.- DIRECCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES

20.- Biblioteca:

21.- Publicaciones:

22.- Bases de datos informatizadas:

• Tribunal Constitucional. En la página del Tribunal, sostenida por la Universidad de Chile, se puede consultar el texto de las sentencias dictadas por el Tribunal desde 1981 a 1999. Acceso libre

24.- Dirección:

• Del Tribunal Constitucional: Morandé 322, sexto piso. Santiago de Chile
• De la Corte Suprema: Plaza Montt-Varas, s/n. Santiago de Chile

• Del Tribunal Constitucional: (56-2) 6969026
• De la Corte Suprema: (56-2) 6980561, Pdte.

27.- Correo electrónico: info@tribunalconstitucional.cl

V.- BIBLIOGRAFÍA

28.- Bibliografía básica:

• Carlos Andrade Geywitz: Elementos de derecho constitucional chileno.Santiago, 1971 (2ª edición; la primera, de 1963)
• Raul Bertelsen: Control de Constitucionalidad de la Ley. R. Ed. Jurídica de Chile, 1969, Santiago
• José Luis Cea: Tratado de la Constitución. Editorial Jurídica, Santiago, 1990; El sistema Constitucional de Chile. Síntesis crítica. Universidad Austral de Chile, 1999
• Gastón Gómez Bernales: El recurso de Inaplicabilidad. Informes de investigación, Centro de Investigación Universidad Diego Portales, Nº 4, año 1, 1999
• Guillermo Piedrabuena: La reforma Constitucional. Ediciones, 1970
• Enrique Silva Cimma: El Tribunal Constitucional. Editorial Jurídica de Venezuela, Caracas, 1976
• Eugenio Valenzuela Somarriva: Repertorio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.11 de marzo de 1981 al 10 de marzo de 1989. Santiago. Jurídica, 1989
• VV. AA.: 20 años de la Constitución Chilena. 1981 2001. Santiago. Jurídica Conosur, 2001
• VV. AA.: La  Jurisdicción Constitucional Chilena ante la Reforma. Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 41 Universidad Diego Portales, Santiago, 1999
• Patricio Zapata Larraín: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Santiago, Corporación tiempo 2000, 1994
• Artículos
• Raúl Bertelsen R.: "Sistemas de control constitucionalidad entre 1960 y 1989", en VV.AA.: Diagnóstico histórico jurídico del Poder Legislativo en Chile. 1960-1990. Ed. Ceal, 1993
• Raúl Bertelsen, Enrique Barros, Sergio Diez, Teodoro Rivera. "Función del Tribunal Constitucional de 1980". Estudios Públicos, nº 27, 1987. Santiago
• José Luis Cea Egaña: "Influencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de Institucionalización Política". Revista Chilena de derecho, vol 2/3, 1988, Santiago
• Francisco Cumplido C.: "Tribunal Constitucional y Control Ideológico". La Revista de Derecho, nº 1, 1989, Santiago
• Gustavo Fiamma O.: "El Control de Constitucionalidad de los Actos Administrativos". Revista de Derecho Público. Facultad de Derecho, Universidad de Chile
• Gastón Gómez Bernales: "Corte Suprema: análisis de algunos de sus comportamientos". Revista Gaceta Jurídica, 1989; "El control de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional de 1980”.  en Gastón Gómez B. et alia: Estudios de Jurisdicción Constitucional. Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 31, Universidad Diego Portales, Santiago, 1996; "La justicia constitucional en Chile", Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 1 (1997)
• Emilio Pfeffer U.: "El Tribunal Constitucional". La Revista de Derecho. nº 1, 1989. Santiago
• Emilio Javier Pohl Ibáñez: "El Tribunal Constitucional y el Trámite de Formación de la ley". La Revista de Derecho. Santiago, nº 1. 1988
• Lautaro Ríos A.: "La Justicia Constitucional en Chile (con referencias al derecho comparado)", La Revista de Derecho. nº 1, 1988. Santiago
• Teodoro Rivera N.: "La estructura del Tribunal Constitucional". Boletín de derecho público. nº 1, 1980. Santiago; "El Tribunal Constitucional". Revista chilena de derecho. Vol. 11, nº 2/3, 1984. Santiago"Función y Composición del tribunal Constitucional de 1980". Centro de Estudios Públicos. Documento de trabajo nº 74 Dic. 1986. Santiago
• Alejandro Silva B.: "El Tribunal Constitucional", en: Eduardo Frei, Gustavo Lagos, Sergio Molina, Alejandro Silva Bascuñán y Francisco Cumplido, Reforma constitucional 1970. Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1970
• Alejandro Silva Bascuñán y María Pía Silva Gallinato. "Lo Esencial en la Supremacía de la Constitución". Academia Nacional de derecho y ciencias sociales de Córdoba. Separata de Anales tomo XXX vol. 1. Córdoba, Argentina, 1992
• Enrique Silva Cimma: "El Tribunal Constitucional Chileno bajo la Constitución de 1925, Reformada en 1970". LaRevista de Derecho, nº 1, 1989, Santiago
• Eugenio Valenzuela Somarriva y otros: "Informe sobre Justicia" C.E.P. Santiago
• Mario Verdugo: "Comentario sobre una sentencia del tribunal Constitucional referida al tribunal Calificador de Elecciones". Revista de Derecho de la Universidad Central
• Patricio Zapata. "Tribunal Constitucional". Revista Chilena de Derecho. Facultad de Derecho, Universidad Católica