El litigio no se refiere a un contrato de compraventa sino a la corrección de un embargo realizado por la Administración tributaria sobre un turismo. Para examinar la alegación referida a dicha corrección del embargo, el tribunal ha de determinar quien es el propietario del vehículo. La sociedad que alega ser la propietaria es una sociedad francesa de responsabilidad limitada, siendo la sociedad vendedora una sociedad española. Pues bien, el tribunal cita el convenio de Viena y el art.51 CCo para señalar que el contrato de compraventa del automóvil pudo haberse celebrado verbalmente de acuerdo con la naturaleza consensual de dicho contrato tal y como se reconoce en los textos legales citados.