El litigio no enfrenta al comprador y vendedor en el contrato de compraventa internacional, sino al comprador español (destinataria de la mercancía) y a la empresa porteadora. Las mercancías se destruyeron como consecuencia de un incendio que se produjo en el buque que transportaba las mercancías. La compradora reclama el importe de los daños y perjuicios, y que se le declare propietaria de las mercancías, algo que fue considerado dudoso por el juzgador de primera instancia. El tribunal considera que desde el momento de la carga de la mercancía en el buque, el comprador se hacía cargo de los riesgos del transporte. Precisamente ello implica su condición de perjudicada y justifica su legitimación, citando el art.66 Convención de Viena.