Tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Buenos Aires de 1 de abril de 1993 declarando que ha lugar a la excepción de incompetencia sostenida por la demandada MCS, la actora Inta S.A. recurre la sentencia en apelación. En el resultado del recurso, el Dictamen del Fiscal es asumido íntegramente por el Tribunal quedando desestimadas la pretensiones de la recurrente y confirmando así la sentencia apelada.
 
    En el análisis de la claúsula de prórroga de jurisdicción internacional que se cuestiona por la recurrente se sigue el siguiente proceso de argumentación:
 
    1) La Convención no es aplicable a las cuestiones de competencia internacional en la medida que art.4 del propio texto rechaza su propósito de regular de manera inmediata tales materias.
    Se mantiene aquí una cierta autonomía del acuerdo de prórroga respecto del contrato en el que esté incorporado, de modo que no se subordina al examen del fondo del thema decidendum. El acuerdo de prórroga merecería, por tanto, un estudio independiente del resto del contrato bajo la ley del tribunal que deba comprobar su competencia y no bajo la ley material que rija las disposiciones contractuales.
   2) Debe admitirse la validez del acuerdo de prórroga en la medida que se ajusta a los preceptos generales del consentimiento aplicables a estos tipos de pactos pues se refiere a materias disponibles y no se aprecia "una irrazonable disparidad del poder negociador que permitiera invalidar el consentimietno".
 
     La claúsula en le caso aparece insertada en una factura pro-forma, es decir, aquella que se remite con anterioridad a la conclusión del contrato y sirve de oferta. Dándose por aceptada la posterior conclsuión del contrato, deben entenderse también por aceptadas las demás condiciones. En este sentido, se recurre al art.18 de la Convención entendiéndose que si bien "el silencio por sí sólo no contiene aceptación", reiterados actos posteriores por parte de la actora conducen a tener por concluido el contrato.
 
    Finalmente, y con argumentación paralela a la de la sentencia de primera instancia se concluye que tanto el lugar de
cumplimiento como el domicilio del deudor hacen concluir nuevamente en la competencia de los tribunales de la ciudad de Bérgamo. Se confirma así la resolución recurrida.